Por Luis Miguel Castilla

Todo el foco de la atención reciente ha estado puesto en la fragilidad del Gobierno. Pero estando a unos días de culminar la primera legislatura del Congreso es propicio hacer una evaluación de su desempeño el que ha tenido aspectos favorables y otros negativos.

Por el lado positivo, el Congreso ha sido el principal candado institucional que ha sido utilizado para frenar los planes disruptivos del Ejecutivo, incluido la imposibilidad de cambiar la Constitución sin pasar por el Parlamento. Esto ha tranquilizado las aguas y por lo menos en el corto plazo, la posibilidad de una Asamblea Constituyente se aleja. Sin embargo, el Congreso es (y probablemente siempre lo continue siendo) una entidad que vela por intereses puntuales (cuestionados muchas veces) y plantea iniciativas legales sin asegurar su idoneidad técnica.

Hay muchos ejemplos de leyes observadas e insistidas que terminan en los fueros del Tribunal Constitucional y que minan la calidad regulatoria del país. Revertir esta mala práctica determinará si realmente podemos desarrollar la madurez institucional para ingresar a un club de mejores prácticas internacionales como es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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