Por Milton von Hesse

Este año se ha caracterizado por el incremento sustantivo de los precios de los principales productos que forman parte de nuestra canasta básica familiar. Las causas principales de esta aceleración inflacionaria tienen que ver, principalmente, con sucesos externos. Entre ellos están las malas cosechas atribuidas al cambio climático, restricciones a la oferta y demanda alimentaria como consecuencia de las cuarentenas para el control de la pandemia COVID-19, la guerra entre Ucrania y Rusia, entre otros.

El Gobierno ha optado por diferentes medidas como la exoneración del IGV a determinados productos hasta este 31 de julio. Lamentablemente, los consumidores más pobres del país no se han beneficiado con esta exoneración. Al aumento de precios de los alimentos, se ha sumado también el incremento de los precios de fertilizantes sintéticos, entre los que se destaca la urea. Aunque cabe destacar que en las últimas semanas, ha venido decreciendo.

En el sector agrícola, el Gobierno también anunció distintas medidas como la construcción de una planta de fertilizantes, producir 1000 mil toneladas de guano de islas y repartirlo entre agricultores familiares y otras medidas más que tampoco se han podido hacer efectivas hasta ahora por no tener sustento técnico, legal ni económico.

El nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, tiene en sus manos retrotraer el proceso de compra de fertilizantes y corregir desde el principio las observaciones hechas por la Contraloría General de la República. Mientras tanto, estamos ad portas de la campaña grande de agricultura y los agricultores parecen haber perdido la expectativa de la ayuda estatal.

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