Por Milton von Hesse

Debiera llamar la atención que siendo el Perú el octavo país con mayor disponibilidad de agua dulce en el mundo, sea justamente el uso del recurso hídrico uno de los principales motivos de conflictos sociales en el país. Perú concentra el 1.9% del agua dulce en el mundo. Sin embargo, su distribución es asimétrica entre territorio y población. 

Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), mientras la vertiente del Pacífico apenas dispone del 1.8% de los recursos hídricos, pero concentra el 80% del Producto Bruto Interno (PBI) y el 66% de la población; la vertiente del Amazonas concentra el 97.7% de la disponibilidad de agua, en ella se genera el 18% del PBI y acoge al 31% de la población. Así, si bien en general somos uno de los países con mayores recursos hídricos, en la costa sufrimos de un déficit hídrico, mientras que en las vertientes del Amazonas y Titicaca existe un superávit.  Es por ello por lo que el problema principal que enfrenta el país con relación a los recursos hídricos no tiene que ver con su escasez en el territorio sino con su regulación y distribución.

Lo anterior no quiere decir que no existan problemas específicos con relación a la cantidad de agua dulce que existe en el país. Si se aprecian las tendencias de largo plazo, se podrá observar que en las últimas cinco décadas se han registrado reducciones en los volúmenes y caudales, según corresponda, de lagunas, glaciares, ríos y precipitaciones. Por ejemplo, según datos del Ministerio del Ambiente, el Perú ha perdido más del 40% de su superficie glaciar desde 1970. Asimismo, en dicho periodo se han observado variaciones en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones en distintas zonas del país, reducciones por ejemplo de entre 20% y 50% al sur de Lima.

¿Qué proponemos?

Ante esta situación, desde Propuestas del Bicentenario se plantean tres políticas que permitan gestionar el recurso hídrico de manera eficiente, para distribuirlo correctamente a nivel nacional, garantizando su sostenibilidad en el futuro. Las políticas son: 

  1. Fortalecer las competencias sectoriales de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
  2. Incrementar la infraestructura mayor de almacenamiento, regulación y distribución, con enfoque de cuenca.
  3. Incrementar la seguridad jurídica de los recursos hídricos. 

En esta primera columna presentaré los principales aspectos relacionados al fortalecimiento de las competencias sectoriales de la ANA.

¿Por qué fortalecer a la ANA?

En el Perú, el uso del agua se da entre distintos tipos de usuarios que tienen distintos fines. Requiere, por lo tanto, para cada uno de esos usos, estar disponible en la cantidad necesaria, con la calidad adecuada y con la disponibilidad oportuna. De ahí que su uso debe estar debidamente formalizado mediante derechos de uso (licencia, permiso o autorización) y regulado según normas que promuevan la eficiencia de su uso, teniendo como referencia a la integralidad de la cuenca hidrográfica y no de los límites que impone la división política subnacional.

En ese sentido, resulta vital que la ANA responda a una institucionalidad multisectorial del uso del recurso hídrico con enfoque de cuencas. No obstante, en la actualidad, la ANA se encuentra adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), motivo por el que en la práctica carece de independencia política para la gestión de los recursos hídricos. Es necesario “desagriculturizar” la ANA.

En ese sentido, se plantean las dos siguientes propuestas:

  1. Brindarle a la ANA autonomía con respecto a los sectores usuarios. Se propone que la ANA sea adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y con ello se realice una reestructuración de la entidad, que incorpore enfoques de cuenca y multisectorialidad. En cuanto al enfoque de cuenca, se debe evolucionar hacia una gestión participativa que no solo contemple principalmente a los usuarios de riego, sino incorpore de manera activa e integral a los distintos sectores que también son usuarios del recurso. Además, la ANA debe contar con la competencia para el otorgamiento de derechos de uso del agua a nivel multisectorial que se extrae de toda fuente. Asimismo, se deben empoderar las Juntas de Usuarios como instancias representativas de los diversos sectores y limitar la actuación del MIDAGRI al ámbito de los Comités de Regantes.
  2. Fortalecer la capacidad de gestión de la Autoridad Nacional del Agua. Además de brindarle autonomía se debe fomentar la meritocracia y la carrera pública en la ANA. Esto para que pueda cumplir eficientemente con, entre otras, las siguientes funciones:
    • Planificar y velar por la sostenibilidad de los recursos hídricos a nivel de cuenca.
    • Asignar y dirimir conflictos intersectoriales.
    • Establecer los derechos de retribución, así como la formula tarifaria a nivel de Junta de Usuarios.
    • Velar por la sostenibilidad de la infraestructura de almacenamiento de agua, que tenga un impacto en la cuenca.
    • Planificar las acciones de protección y conservación del recurso a nivel de cuenca

El fortalecimiento de la ANA es una de las tres políticas que planteamos para lograr la administración sostenible y eficientemente la oferta de recursos hídricos del país bajo un enfoque de cuenca y de multisectorialidad. En las siguientes columnas discutiremos las demás Propuestas del Bicentenario en el eje de recursos hídricos.