Por Luis Miguel Castilla

La retórica presidencial tiende a darle “la bienvenida a la inversión privada”. Pero esta es una invitación vacía de contenido si el Gobierno no da las condiciones para que el capital privado doméstico o externo apueste por el Perú. Es sabido por todos la importancia que tiene la minería en la economía nacional y también las complejidades para desarrollar este tipo de proyectos. Como cualquier actividad extractiva genera externalidades tanto positivas como negativas.

Las primeras tienen que ser maximizadas por las autoridades para invertir la renta generada en intervenciones públicas que mejoren el bienestar de la población. Las segundas implican el ejercicio de una labor de fiscalización para que se cumplan los instrumentos ambientales y se mitiguen las eventuales afectaciones al medio ambiente y la comunidad. Las empresas que invierten en el país tienen que cumplir escrupulosamente las normas y la mayoría lo hace en adhesión al cumplimiento de los más altos estándares internacionales. Pero el Estado tiene dos obligaciones igual de importantes en las que ha venido fallando: el manejo de la conflictividad social (cuya gestión es una responsabilidad compartida con la empresa) y el mantenimiento de un marco legal predecible para la inversión.

En estas esferas el Gobierno actual ha venido retrocediendo (nueva ley de minería y cambios al régimen tributario) y esto se reflejará en pérdidas adicionales en la competitividad internacional del sector. Todos aspiramos a una minería sostenible y a beneficios sociales para el país, pero esto demanda un Estado proactivo en el manejo de conflictos guardando proporcionalidad, preservando el orden interno y no exacerbando las expectativas de los pobladores con promesas incumplibles. Estas acciones no solo ahuyentan a la inversión sino que generan contingencias legales si se vulnera la seguridad jurídica. Hay una agenda pendiente importante para mejorar el uso del canon y las regalías, dotarlo de mayor transparencia y de recuperar la competitividad del sector. Menos promesas vacías y más acciones concretas es lo que se requiere.

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