Por Miguel Jaramillo

El Perú llega a su bicentenario en las condiciones menos auspiciosas de las últimas décadas. La pandemia ha impactado severamente a la sociedad, y los peruanos venimos viendo impotentes partir a seres queridos, ante la incapacidad e inmoralidad de quienes deberían ver por nosotros. 

La economía peruana sufrió el pasado 2020 el impacto más fuerte de la pandemia en todo el planeta. Al shock epidemiológico y nuestras debilidades estructurales se sumó una respuesta sumamente inadecuada de nuestras autoridades (Jaramillo y López, 2021)

Al momento, el epicentro de la crisis económica está en el mercado laboral: pérdidas masivas de empleos, cierres de empresas, ingresos reducidos y pérdidas de capital humano resumen esta tragedia. Los retos para salir de esta crisis son enormes. No se trata de volver al estadio pre pandemia, la tarea es retomar el vigor de la economía y al mismo tiempo atacar las debilidades estructurales que la crisis ha hecho más visibles.

Desde la perspectiva del mercado laboral estas debilidades son el alto nivel de informalidad, explicado por la baja productividad del trabajo y la pobre relación entre costos y beneficios de vivir en la formalidad en medio de informalidad, y la ausencia de un sistema de protección social al que puedan acceder los ciudadanos en momentos de necesidad. 

Estos tres grandes temas interrelacionados deben, pues, ser abordados por una propuesta que quiera no solamente devolvernos a 2019, sino ponernos como país en mejor pie para enfrentar el futuro.

¿Qué proponemos?

En primer lugar, requerimos políticas de empleo de emergencia que den rápida solución a las apremiantes necesidades de nuestros desempleados y de aquéllos que han encontrado alguna actividad precaria de refugio para sobrevivir en esta difícil situación. 

En segundo lugar, necesitamos políticas que se enfoquen en generar mayor productividad, particularmente entre nuestros trabajadores más jóvenes, de manera que tengan acceso a empleos de mayor calidad y con perspectivas de carrera. 

En tercer lugar, son indispensables políticas que promuevan una mayor formalidad tanto a nivel de las empresas como del mercado laboral. 

Finalmente, debemos iniciar una transición hacia un sistema de protección social que cubra a todos los ciudadanos, no solamente a los trabajadores con un empleo formal.

Nuestra propuesta considera tanto la complicada situación actual del mercado laboral –1. 5 millones de desempleados y caída de ingresos del 15%– como sus debilidades estructurales –alta informalidad, baja productividad, obstáculos al crecimiento del empleo formal y ausencia de un sistema adecuado de protección social–. 

La visión que nos guía es la de lograr que todo ciudadano tenga las mismas oportunidades laborales, acceso a protección social y empleo formal.