Por Luis Miguel Castilla

Sin duda la inflación es lo que más preocupa a los peruanos en la actualidad al ver erosionada su capacidad adquisitiva. La fuente del repunte inflacionario es externa y el margen de acción de las autoridades económicas es limitado dada la naturaleza del shock externo: el Banco Central de Reserva (BCR) está incrementando la tasa de referencia para anclar las expectativas inflacionarias y el MEF amplia los subsidios a los combustibles importados (aunque a un costo fiscal elevado). Esta delicada coyuntura es aprovechada por algunas instancias del Ejecutivo al más alto nivel para avanzar una retórica demagógica que culpa a los monopolios del incremento de precios. Este discurso no se condice con la realidad y pretende culpar de la inflación a la gran empresa que opera en sectores que tienden a ser muy concentrados.

En este contexto, es preciso aclarar que lo que está reñido con la legalidad son los abusos del poder de dominio y que la legislación y la institucionalidad que tiene el país para luchar contra las prácticas anticompetitivas cumple los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La adopción de regulaciones antitécnicas como las limitaciones a las importaciones o la manipulación de los reglamentos técnicos, como se pretende, perjudicaría a los consumidores en lugar de favorecerlos. Ciertamente existe espacio para mejorar el grado de competencia en algunas industrias pero esto debe hacerse técnicamente y no mediante argumentos falaces o capturando a las entidades regulatorias.

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