Por Luis Miguel Castilla

La política económica de un país debe responder a objetivos claros con el liderazgo de las autoridades pertinentes con equipos que actúen con efectividad de acuerdo al mandato legal que tienen y, obviamente, respondiendo a un diagnóstico certero. Fallar en algunos de estos aspectos significa aumentar el riesgo de incumplir los objetivos trazados.

El nuevo Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha iniciado su gestión tirándose abajo las proyecciones oficiales sin pasar por las instancias técnicas responsables, propone que el problema de desaceleración económica se atribuye al costo del financiamiento que impide un mayor crecimiento de la demanda interna, invade los fueros constitucionales del Banco Central de Reserva (BCR) solicitando mayor coordinación de la que ya existe y propone que el impulso a la inversión pública dinamizará a la privada por los multiplicadores que genera.

El diagnóstico inicial no menciona que el colapso de la confianza responde a la eterna incertidumbre que el Gobierno somete al país por decisiones erráticas, ni las parcializadas y anti técnicas regulaciones laborables anti empresariales, ni el deficiente manejo de la conflictividad social de los proyectos mineros ni la degradación del aparato estatal por cambios constantes y copamiento político.

Esto sin mencionar que el constante fantasma de una asamblea constituyente estatista le quita predictibilidad a la inversión privada. Es evidente que las ideas heterodoxas de la izquierda peruana vuelven a aparecer en el MEF en esta ocasión bajo los auspicios de un titular que si conoce al aparato público por dentro.

Dado lo delicado del momento lo más sensato pareciera dejar a la economía en manos de un piloto experimentado. Pero ojo que la experiencia nos puede también llevar para abajo si adopta medidas trasnochadas y no encara las reales razones detrás del estancamiento más acelerado de la economía. Afortunadamente hay candados constitucionales que funcionan y resguardan a la política monetaria de cualquier intromisión política.

Todavía falta el formalismo de la presentación del Marco Macroeconómico Multianual y el presupuesto del sector público para el 2023 para tener mayor claridad de la magnitud de las revisiones que serán planteadas. Ojalá que a los tempranos desaguisados no se le sumen una propuesta de gasto público muy expansiva que alimenten la voracidad tradicional del Congreso y a la postre se terminen exacerbando los problemas económicos del país. Si hay capacidad de enmienda este es el momento de ejercerla antes que sea demasiado tarde.

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