Por Luis Miguel Castilla

Más allá de lo perjudicial que fue la arremetida de la Premier en contra de la minería formal en Ayacucho, quebrando la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, situación que obligó al Gobierno ha retroceder de su pretensión inicial, este caso ilustra un problema estructural que vamos arrastrando hace mucho tiempo: el doble rasero con el cual se trata a las actividades formales e informales. Esta economía dual se perpetúa cuando se aplica la fiscalización con toda la rigurosidad del caso (como tiene que ser) a las actividades formales pero no se hace nada (o muy poco) con las actividades informales que depredan el ambiente y causan serias afectaciones sociales.

Este doble rasero aplica en nuestro país y las autoridades tienden a agravar esta situación por desidia o por agendas ideológicas como ha sido el caso recientemente. Esta actitud se basa en una lectura antojadiza y sesgada de la realidad que se basa en mitos que carecen de sustento técnico como, por ejemplo, el deseo de proscribir la minería formal en las cabeceras de cuenca. Sin que haya una definición formal incluso, esto significaría crear una zona de exclusión minera en la Cordillera matando a la minería formal del país, perjudicando una actividad económica fundamental. Por el contrario, no hay ninguna respuesta efectiva a la minería ilegal que abarca enormes áreas territoriales y se obvia el problema de la producción informal/ilegal como si no existiera.

En general, lo mismo aplica a toda la actividad productiva del país, desde la agro exportación hasta los servicios de delivery por aplicación: la aplicación de un doble rasero regulatorio dejando de lado toda la actividad informal que no cumple ningún tipo de regulación y no es pasible de fiscalización. Lamentablemente esta visión parcializada de las autoridades competentes limita el desarrollo del país con consecuencias perjudiciales para el bienestar de la población.

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