Por Luis Miguel Castilla

A pesar de experimentar una expansión económica significativa en lo que va del año, el empleo en general y el formal en particular aún no logran recuperar sus niveles prepandemia. Todos los indicadores publicados hasta la fecha muestran una precarización del mercado laboral. Según la Encuesta Nacional de Hogares, la tasa de desempleo ascendió a 7.2% en el segundo trimestre superior al 5% registrado el 2019. Por su parte, la tasa de informalidad laboral fue de 74.5% de la Población Económicamente Activa (PEA), llegando a un pico histórico. Según la Encuesta Permanente de Empleo, la tasa de desempleo en Lima Metropolitana fue 9.5% en el trimestre móvil junio-julio-agosto, superior al 5.8% registrado en el mismo trimestre del 2019; mientras que la masa salarial proveniente del trabajo se redujo en 13.9% respecto del valor registrado el año anterior. 

Ante esta situación cabe preguntarse qué medidas está tomando el Gobierno para generar empleo en tanto que las perspectivas de una recuperación más vigorosa se están revisando a la baja por la crisis de confianza que aqueja al Gobierno. En su presentación al Congreso, el ex titular de la cartera de Trabajo presentó un conjunto de prioridades que parecía más bien representar un pliego de reclamos sindicales que plantear acciones efectivas para generar empleo. Por el lado privado, una mayor inflexibilidad de la legislación laboral ciertamente encarecería los costos laborales e incrementaría los elevados niveles de informalidad que aquejan a los trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas. Queda por ver si la nueva ministra del sector revisará la agenda del Ejecutivo y planteará medidas más equilibradas que procuren un consenso mínimo entre empleadores y trabajadores, sin olvidar que el empleo no se genera por decreto.

Una mayor precarización del empleo coincide con cambios tecnológicos que vienen dándose en el mundo, y que tendrán repercusiones importantes en el mercado de trabajo. Antes de la pandemia, muchas empresas estaban en franco proceso de adaptación para eventualmente aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, como la automatización o el surgimiento de las plataformas digitales de intermediación como fuente de empleo para cientos de miles de trabajadores independientes. 

El proceso de desintermediación laboral en curso está alterando el vínculo tradicional entre empresa y trabajador. Por ejemplo, las plataformas digitales facilitan a las empresas ubicar y contratar personas para tareas específicas sin que exista de por medio una relación laboral contractual rígida, favoreciendo el auge de la economía por demanda y una mayor flexibilidad laboral. 

Sin embargo, estas consideraciones están muy alejadas de las visiones que prevalecen en las discusiones legislativas o las consignas políticas de defender los derechos laborales de los trabajadores formales (incluso si solo abarcan a una quinta parte de la fuerza laboral). El Gobierno pretende imponer regulaciones como la obligatoriedad de que los trabajadores que participan en estas plataformas digitales entren en la planilla. Esta intención desconoce la naturaleza de este tipo de intercambio laboral e introduce el riesgo de hacer inviable la provisión de estos servicios que, de hecho, han sido las válvulas de escape para millones de trabajadores que perdieron sus empleos durante la peor fase de pandemia.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los actuales avances tecnológicos han provocado un aumento de la demanda relativa de trabajadores calificados y una disminución de la demanda relativa de trabajadores que llevan a cabo actividades ordinarias que demandan menores calificaciones profesionales. Existe amplia evidencia que esta situación está generando un incremento en la desigualdad de ingresos, especialmente en los países industrializados. Si bien la automatización no necesariamente determinará el desempleo futuro en el Perú, es probable que la automatización perjudique a aquellos trabajadores cuyas calificaciones se vuelvan obsoletas, de modo que corran el riesgo de perder el empleo y tener que reconvertirse en otras ocupaciones. En este sentido, es necesario asegurar la creación de habilidades que permitan la empleabilidad de vastos segmentos de la población que estarán expuestos a la disrupción tecnológica. Esta es una tarea urgente que el Gobierno no debe de soslayar.

Existe un importante consenso a nivel internacional (a nivel de la OCDE y el G20) que aun cuando las tecnologías transformativas traerán consigo enormes oportunidades económicas, la transición podría generar desafíos para las personas, las empresas y los gobiernos, por lo que las respuestas de políticas deberán acompañar a las personas durante la transición y enfrentar los desafíos distributivos. Esta situación se hará más desafiante ante la ausencia de redes de protección social como ocurre en el Perú. Tradicionalmente, los sistemas de salud y pensiones han sido diseñados para trabajadores con un empleo asalariado, relacionamiento que se verá modificado por estas nuevas tendencias tecnológicas. 

Estas consideraciones deberán de ser tomadas en cuenta ahora que el Gobierno se dispone nuevamente a emprender una reforma del sistema de seguridad social. Esta necesariamente tendrá que venir acompañada por acciones que conduzcan a una mayor formalización laboral (en el plano regulatorio y de capital humano) y la generación de ingresos fiscales permanentes que doten de sostenibilidad financiera a cualquier sistema que aumente la cobertura y cuyo financiamiento esté desvinculado de la condición laboral de los beneficiarios.

En este sentido, urge replantear el rol del Estado para apoyar a las familias más vulnerables y evitar que estas caigan en la pobreza por condiciones que no dependen de ellas. No se trata de crear un Estado asistencialista, sino de tomar conciencia de que existe un importante segmento de la población que es muy vulnerable a cambios en su entorno que afecta sus ingresos, su capacidad de pago y pone en riesgo su bienestar. El objetivo de una red de protección social es, justamente, atender a familias vulnerables que se ven incapacitadas de cubrir sus necesidades básicas ante eventos adversos e imprevistos. En este sentido, cualquier reforma laboral debe de tener una naturaleza integral que se adapte a los cambios tecnológicos en curso con visión de largo plazo. Cualquier cambio no debe ser motivado por consignas políticas o posiciones dogmáticas.