Por Milton von Hesse

El aumento de la temperatura del planeta como consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero producto de la actividad humana, está generando -de acuerdo a los científicos del mundo- una serie efectos climáticos que afectan adversamente la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Ello ha originado que la comunidad internacional se reúna regularmente para tratar de establecer políticas mundiales y compromisos de los países para enfrentar de manera decidida al cambio climático.

En 1972, se llevó a cabo la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (o Conferencia de Estocolmo), la cual planteó, por primera vez, el problema del cambio climático. No es, sin embargo, hasta 1979, en la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima, que la comunidad internacional considera oficialmente al cambio climático como una amenaza real para el planeta. Como consecuencia de esta corriente de opinión y preocupación, en 1987 se firma el Protocolo de Montreal, con el objetivo de disminuir el uso de gases que dañan la capa de ozono y, en 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se sentaron las bases para la firma de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), basada en el Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC).  En la actualidad, la CMUNCC cuenta con 197 partes (196 estados y una Organización de Integración Económica Regional) y celebra la Conferencia de las Partes (COP). 

Durante la Conferencia de las Partes (COP) 21 se acordó, mediante el denominado “Acuerdo de París”, que los países presenten sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (iNDC, por sus siglas en inglés), las cuales establecen sus compromisos de corto, mediano y largo plazo para luchar contra el cambio climático. Como consecuencia de la ratificación del Acuerdo de París por parte del Estado peruano, las iNDC se volvieron vinculantes y pasaron a denominarse Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés). En este sentido, las NDC formuladas por el Perú comprenden metas de adaptación, enfocadas en reducir la vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático en el Perú, y metas de mitigación, enfocadas principalmente en reducir las emisiones nacionales de GEI. 

En julio del 2016 se creó en el Perú el Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM-NDC), el cual fue responsable de la elaboración de las medidas de las NDC del Perú, cuyo esfuerzo culminó en diciembre del 2018, teniendo como resultado 91 medidas de adaptación y 62 medidas de mitigación (GTM-NDC, 2018). Posteriormente, en diciembre de 2020, el Perú presentó a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Reporte de Actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) al 2030. En este documento de actualización, el Perú amplía su compromiso climático tanto en relación a la adaptación como a la mitigación. Respecto a las medidas de mitigación al año 2030, se han fijado valores máximos más estrictos para las emisiones del país. Por un lado, la meta no condicionada establecía inicialmente un compromiso de reducción de un 20% de las emisiones frente a las proyecciones del escenario base, la cual fue actualizada considerando una reducción del 30%. Por otro lado, la meta condicionada (a la disponibilidad de financiamiento internacional y a la existencia condiciones favorables) al año 2030 pasó de un 30% a un 40% .

Respecto de los compromisos en materia de adaptación, la actualización de los compromisos peruanos incorpora una nueva medida en el área temática de agua para uso energético: “Diversificación de la matriz energética para reducir la presión sobre el recurso agua”. Como resultado, el país cuenta ahora con 92 medidas de adaptación al cambio climático.

¿Es posible para el país cumplir con sus compromisos climáticos al 2030? Para contestar esta interrogante resulta necesario, previamente, poder dimensionar la magnitud cuantitativa y financiera de las 92 medidas establecidas. Es decir, en primer lugar, tener claro cuál es el escenario base para cada medida y la meta del indicador para el 2030 para poder dimensionar la magnitud del esfuerzo; en segundo lugar, establecer el mecanismo (proyecto o actividades) estandarizados que permiten avanzar hacia el cierre de la brecha; tercero, cuantificar el costo de implementación de los mecanismos entre la actualidad y el 2030; en cuarto lugar, contrastar dicho costo con la disponibilidad presupuestaria y, finalmente, establecer la estrategia de financiamiento.

Así por ejemplo, Videnza Consultores fue contratada por un organismo de cooperación internacional para evaluar la viabilidad financiera correspondiente a 4  NDCs del  sector de agricultura. Como resultado de ello, se obtuvo que aún priorizando la asignación presupuestal proyectada en concordancia con el marco macroeconómico multianual, estableciendo reglas de cofinanciamiento con los gobiernos subnacionales y priorizando los compromisos NDC respecto de otros proyectos del sector, sería deficitario el financiamiento de la ejecución de los mismos.

Resulta necesario, por lo tanto, proponer una estrategia enfocada en estructurar el esquema de financiamiento de la implementación de las NDC a nivel país y ejercer un monitoreo permanente de la programación financiera y ejecución de las mismas si Perú quiere cumplir con las metas que se ha autoimpuesto al 2030.