Por Luis Miguel Castilla.

A pocos días de elegir a nuevos gobernadores y alcaldes, la población pareciera no interesarse con mucho entusiasmo por estos comicios. El interés mediático se ha centrado en los vergonzosos escándalos de algunos candidatos y poco ha trascendido una evaluación cabal de la viabilidad de las ofertas de los políticos que aspiran hacerse de los gobiernos subnacionales. Si bien la lógica de una elección regional o local difiere de una presidencial, no se puede soslayar la importancia que tienen las acciones de este nivel de gobierno para mejorar la calidad de vida del ciudadano a pie.

La indiferencia de la población radica quizás en la evaluación negativa que ha tenido el proceso de descentralización en el país luego de dos décadas del traslado de competencias y recursos del Gobierno nacional a los gobiernos regionales y municipales. No han habido resultados en la mayoría de gestiones por una multiplicidad de problemas, a saber falta de capacidades, alta rotación y aguda corrupción. A esto se suma el hecho que el Gobierno nacional tampoco haya hecho todo lo que ha podido para que el proceso funcione. No obstante esta situación, de haber liderazgo al más alto nivel y un equipo técnico sólido se podrían encarar muchos problemas de gestión, sin necesidad de aprobar leyes en el Congreso que usualmente no llegan a aplicarse.

Ámbitos de acción incluyen el acompañamiento efectivo del MEF en la ejecución de proyectos priorizados de inversión pública y evitar el desplome usual de la ejecución presupuestal que caracteriza al primer año de gestión. El desarrollo de capacidades es crucial y entidades como Servir tienen un importante rol que jugar; sin embargo, esta entidad corre el riesgo de ser capturada por un gobierno al que no le gusta que le cuestionen la idoneidad de sus nombramientos.

Mejorar la efectividad del control interno es clave para reducir la preponderancia de la inconducta funcional y la corrupción; así como acelerar la adopción de un mayor gobierno digital y abierto que empodere a la ciudadanía a ejercer una mayor veeduría de lo que hacen y no hacen sus autoridades. En toda esta agenda, clave resulta un cambio en el chip del gobierno nacional y, en especial, la adecuación de la rigidez de los sistemas administrativos del Estado para transformarse en agentes de cambios, sin que esto signifique dejar de ejercer su rectoría en materia presupuestaria, de inversiones o de abastecimiento.

Los mayores detractores de estos cambios muchas veces son los propios funcionarios que se han convertido en ultra reglamentaristas por temor a tomar decisiones que le vayan a generar responsabilidades a futuro. Son estos cambios en la gestión pública los que se requieren con urgencia. Esto demanda una adecuada priorización y la acción decidida del gobierno al más alto nivel. Lamentablemente esto no se logrará con improvisación y la agenda subalterna que domina a la gestión presidencial actual. Urge más acción y menos retórica.

Aquí puedes leer la columna completa de Luis Miguel Castilla en Gestión.