Por Luis Miguel Castilla

Ayer la Comisión para la Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi sacó una segunda resolución que impide que el Ministerio de Trabajo (MINTRA) y la SUNAFIL apliquen la nueva normativa que limita la tercerización de servicios que puedan ser considerados actividades nucleares de una empresa.

Es una buena noticia que las instituciones que aún existen limiten la aplicación de normas anti técnicas e ilegales que atentan contra el empleo formal. Sin embargo, la respuesta del MINTRA ha sido desafiante al cuestionar el derecho que tienen las empresas de impugnar medidas que considere lesivas y amenaza con continuar adoptando sus ilegales regulaciones en la materia so pretexto de resguardar los derechos de los trabajadores.

El Gobierno parece no entender que en el Perú rige un estado de derecho y que las normas que insiste en aplicar son nocivas justamente para el mercado de trabajo que pretende “defender”. Peor aún muestra un total desconocimiento de las implicancias que van más allá del bienestar de los propios trabajadores.

Limitar la tercerización afecta adversamente la provisión de servicios públicos que realizan las empresas públicas, como Sedapal, las EPS, las estatales eléctricas, entre otras. El cierre de brechas de acceso de agua y saneamiento en Lima para poco menos de un millón de personas estaría comprometida por la afectación financiera de Sedapal que tendría que desviar sus recursos del financiamiento de proyectos de inversión al pago de planillas y que sufriría de significativos costos que atenten contra su eficiencia.

En otras palabras, el Estado petardea al propio Estado y atenta contra los más pobres que carecen de agua y otros servicios públicos elementales. Así prosigue con una agenda laboral parcializada y anacrónica con móviles políticos que genera consecuencias adversas para la población. Situación similar ocurre con el decreto que fomenta la sindicalización y la huelga, yéndose en contra del derecho al trabajo que tenemos todos los peruanos (no solo el derecho a irnos a la huelga).

Son estas agresiones regulatorias las que impiden que retorne la confianza y que exacerban el pesimismo empresarial que coadyuva al enfriamiento económico. Es tiempo que el MEF se pronuncie con claridad respecto a esta situación y haga valer el rol que ha tenido tradicionalmente en el país: responsable de la política económica y la creación de riqueza. Ya no hay espacio para la ambivalencia ni las medias tintas. De lo contrario, se confirmaría que la racionalidad técnica y la sensatez abandonaron por completo del Ejecutivo que hoy nos gobierna.

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