Por Carlos Oliva

Resulta evidente que el Estado peruano no está a la altura de las circunstancias de un país que busca salir de la trampa del ingreso medio y aspira a lograr el bienestar propio de un país desarrollado en unas pocas décadas. Su desempeño ha sido esquizofrénico en los últimos treinta años, con logros importantes en materia macroeconómica, avances tímidos en términos de competitividad y un pobre desempeño en aquellos asuntos que la Constitución le asigna en su artículo 58: promoción del empleo, educación, salud, seguridad, servicios básicos e infraestructura. 

Este comportamiento es el reflejo de que no hemos sido capaces de consolidar dos aspectos que son clave en el desempeño de cualquier Estado: sus instituciones y su servicio civil.  Las instituciones son las reglas de juego que limitan la interacción humana y son un vehículo indispensable para implantar políticas de Estado.  El servicio civil son los recursos humanos que se encargan de diseñar, implementar y evaluar esas políticas. Cuando ambos aspectos fallan, no se tiene un norte claro, los objetivos varían dependiendo del funcionario de turno, las políticas no persisten y los resultados nunca llegan.  Analizar las instituciones y el servicio civil de los sectores involucrados, dan una buena respuesta al desempeño disímil mencionado en el párrafo anterior.

Por ello, las reformas o medidas que se propongan para mejorar el desempeño del Estado tienen que incidir en la institucionalidad y en el servicio civil.  Y ello se logra mejorando la gestión y no necesariamente refundando todo.  Sólo cuando existe evidencia de que no es posible lograr mejores resultados con las reglas del juego vigentes, se debería analizar la posibilidad de cambiar dichas reglas.  Y aún si se cambiaran esas reglas, los temas de gestión son ineludibles. Un repaso de algunos asuntos del desempeño público lleva a pensar que hay bastante espacio para mejorar la gestión y así lograr un Estado más funcional en beneficio del bienestar ciudadano. En tal sentido, se identifican tres temas donde el próximo gobierno tendrá que implementar medidas para mejorar la gestión y el desempeño del Estado.

¿Qué proponemos?

En primer lugar, es obvio que debe implantarse la Ley del Servicio Civil de 2013, donde las entidades revisan y mejoran sus procesos, definen los perfiles de los puestos para llevar a cabo esos procesos y generan un “cuadro de puestos de la entidad” que se completa mediante concursos públicos.

Las personas seleccionadas entran a un sistema con todos los beneficios laborales y están sujetas a evaluaciones y capacitaciones constantes. Ha faltado liderazgo y compromiso para avanzar con esta reforma y es el momento de retomarla, considerando que ningún esfuerzo de reforma tendrá impacto significativo si no se sustenta en sus recursos humanos. Felizmente, este aspecto está considerado en la mayoría de los planes de gobierno y es de esperar que se recupere ese liderazgo vital para avanzar.

Bajo ese marco, es posible identificar medidas específicas como la actualización de decretos supremos vinculados a las compensaciones de los servidores, al reglamento del teletrabajo, estandarizar criterios para facilitar el tránsito de los gobiernos regionales, definir perfiles de puesto para oficinas de inversiones en ministerios que no son naturalmente ejecutores, y también para crear el cuerpo de investigadores del Estado.  Adicionalmente, también se hace necesario revertir las malas decisiones del Congreso relacionadas con la eliminación de la negociación colectiva, que ordenaba este aspecto, y con la posibilidad de permitir reposiciones judiciales sin ningún criterio técnico.

En segundo término, es necesario seguir avanzando con la articulación de los sistemas administrativos del Estado, sobre todo los vinculados al gasto público. La única manera de lograr un gasto público eficiente, eficaz, transparente y de calidad, es mejorando la manera como los sistemas se articulan para lograr la prestación oportuna de los servicios. Pensar en un presupuesto que no se basa en la planificación de cierre de brechas, llevará a imprecisiones en las prioridades.  

Igualmente, poco se logra comprando vacunas o suplementos alimenticios si los bienes no cuentan con una logística adecuada que evite que esos productos se malogren o se pierdan en los almacenes, o que sólo lleguen a la posta y no a los niños que deben recibirlos. 

Sobre ello, hay muchas medidas que deben implantarse a la brevedad, la mayoría relacionadas con el nuevo sistema administrativo de abastecimientos, tales como normas para centralizar algunas compras, regular los alquileres, modernizar los almacenes, unificar los catálogos de bienes, o actualizar, modernizar y ampliar la cobertura del sistema integrado de gestión administrativa (SIGA-MEF). En este aspecto, también resulta evidente la necesidad de contar con una nueva ley de contrataciones que contemple aspectos colaborativos, en línea con los modelos utilizados internacionalmente.  

Complementariamente, es importante contar con oficinas de gestión de proyectos (PMO) en los principales ministerios ejecutores, contar con un sistema de planilla única en el Estado, hacer el tránsito de programas presupuestales institucionales a otros más estratégicos, crear un programa de saneamiento financiero municipal para aquellas entidades insolventes, contar con un catastro único acompañado de modernos sistemas de recaudación tributaria municipal, y reforzar la procuraduría especializada en la hacienda pública, de reciente creación.

En tercer lugar, existe toda una agenda en temas relacionados con la relación directa del Estado con el ciudadano, relacionada con la simplificación administrativa y la calidad regulatoria, para lo cual es indispensable la transformación digital. Detrás de ello, está la necesidad de recomponer la confianza que debe existir entre el sector público y el privado, tan venida a menos en los últimos años por fallas de ambos lados. 

El logro de un mejor desempeño del Estado está íntimamente ligado a la capacidad que se tenga para establecer mecanismos colaborativos con los ciudadanos y empresas. No se trata necesariamente de reemplazarse mutuamente, sino de colaborar por un bien común, cada uno en su papel.  Para ello deben institucionalizarse mecanismos ad-hoc, como lo pueden ser las Mesas Ejecutivas que lidera el MEF o las nuevas agencias regionales de desarrollo en el nivel subnacional.  

Aparte de ello, se requiere perseverar con medidas tales como la reglamentación de la metodología de impacto regulatorio, la estandarización de calidad regulatoria en Gobiernos subnacionales, la creación de más ventanillas únicas y módulos de atención ciudadana, y la implementación de la plataforma de interoperabilidad del Estado que no sólo permita compartir información entre entidades públicas, sino que además considere la validación y consistencia de los diversos sistemas de información del Estado peruano. 

Esta agenda de mejora de gestión es un punto de partida para mejorar el desempeño del Estado que redunde positivamente en su legitimidad.  Nada de ello será posible si quien próximamente asuma la Presidencia de la República no la hace suya desde el primer día y de manera comprehensiva,  ¿se atreverán?