Por Luis Miguel Castilla

Es indudable que nuestro país atraviesa por un momento crucial en su historia contemporánea al tener que lidiar con el impacto adverso de una triple crisis -económica, sanitaria y política- que ha precarizado a la clase media y ha empobrecido a millones de ciudadanos. El próximo gobierno tendrá como una de sus principales prioridades mejorar la calidad de vida de la ciudadanía priorizando un proceso de reactivación económica que aún no ha empezado. El punto de partida es uno caracterizado por una demanda interna debilitada ante la caída en el ingreso disponible, el mayor endeudamiento de familias y empresas y la incertidumbre sobre la duración y efectividad de un proceso de vacunación masiva que recién empieza. Esta situación condiciona la recuperación de las expectativas de los agentes económicos, condición crucial para mejorar la confianza de consumidores e inversionistas.

No obstante, el Perú tiene una infinidad de oportunidades para salir adelante, siempre y cuando se adopten medidas para restaurar la confianza y empezar a enfrentar las falencias estructurales que la pandemia ha visibilizado con mucha claridad. Existen factores positivos que no pueden soslayarse; en particular, los vientos externos que soplan a favor nuevamente como el incremento de los precios de las materias primas que exportamos y el incremento de la demanda externa ante una recuperación de la economía global, mayor a la prevista inicialmente. Asimismo, el país cuenta con la capacidad fiscal (aunque menguada) de continuar dando soporte a la recuperación de la demanda mediante políticas expansivas.  

Más allá del rebote estadístico que experimentaremos en nuestro PBI este año con la reanudación de la mayoría de los sectores económicos, resulta importante reconocer que antes de la pandemia el Perú enfrentaba un proceso de marcada desaceleración económica desde el pico alcanzado en el 2013. El crecimiento reciente es la mitad del registrado en el período de bonanza, producto de una disminución de la tasa de inversión doméstica y la paralización del crecimiento de la productividad el último quinquenio. Revertir este estancamiento económico demandará encarar reformas institucionales que ponen un techo al crecimiento potencial, incluyendo mejorar la prestación de servicios básicos de calidad que exige la ciudadanía y lograr que el empleo que se genere sea uno adecuado y productivo.

En un contexto en el que se vayan despejando las fuentes de incertidumbre sanitarias y políticas, el próximo gobierno deberá basar su plan de reactivación económica en el corto plazo impulsando con liderazgo una estrategia que acelere inversiones en infraestructura, minería y vivienda, entre otros sectores. Una mayor inversión permitirá crear empleo, generar divisas, incrementar los ingresos tributarios y apuntalar la productividad de mediano plazo. De esta manera, al término de su gestión el próximo gobierno podría aspirar a retomar una senda de crecimiento económico anual entre 5% y 6% por año, la generación de 400 mil puestos de trabajo por año (2 millones en total) y sacar de la pobreza a 3 millones de ciudadanos.

¿Qué proponemos?

Para ilustrar la problemática y la gama de posibles intervenciones para movilizar inversiones en un sector clave, enfoquemos la atención en el de infraestructura. Cerrar la brecha de infraestructura que hoy supera el 50% del PBI es una tarea inaplazable, asegurando a la vez que el stock de capital físico que se construya provea servicios de calidad para los ciudadanos. Si bien los presupuestos estatales se han multiplicado por 3 durante la última década, cada año se deja de ejecutar inversión pública por un monto que supera los S/ 16 mil millones. 

En adición, según la Contraloría General de la República, existe un monto similar de inversiones en alrededor de mil obras paralizadas. Por su parte, se ha detenido la adjudicación de proyectos de Asociación Pública Privada (APP) y se registra una dramática caída en el uso de la modalidad de obras por impuestos. Para acelerar la ejecución de la inversión pública, las próximas autoridades deberán desplegar todas las nuevas modalidades de contratación disponibles (Gobierno a Gobierno, Proyectos Especiales de Inversión Pública, PMO, contratos NEC), reintroducir los bonos de ejecución eficaz de la inversión pública a los gobiernos regionales y asegurar el correcto uso de las transferencias que el gobierno central le hace a los gobiernos subnacionales a través de la utilización de instrumentos financieros como los fideicomisos estandarizados.

En materia de las APP, urgen cambios radicales en Proinversión, reduciendo a un tercio su personal y tercerizando de manera agresiva sus funciones de estructuración y promoción. Se debe evitar la superposición de funciones entre entidades públicas mediante una reingeniería de procesos de tal manera que ninguna agencia sobrepase sus competencias legales y prolongue los plazos normativos. 

Un factor clave para acelerar el avance del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) será permitir que los funcionarios públicos puedan tomar decisiones sin que el sistema de control interno penalice el ejercicio de la discrecionalidad e incentive la inacción estatal. Intervenciones en estos campos permitirá aumentar la ejecución de proyectos de inversión pública por S/ 10 mil millones anuales, reducir a la mitad el tiempo que toma la promoción de la inversión privada en proyectos de infraestructura y lograr adjudicar anualmente al menos 10 proyectos de APP.

La problemática en el caso de infraestructura se puede hacer extensiva en gran medida a otros sectores, como la incapacidad de convertir la renta minera en proyectos que cierren las brechas sociales en las áreas de influencia de los proyectos extractivos, los elevados costos de transacción que introduce el cumplimiento de engorrosas regulaciones, el uso inadecuado de la autonomía municipal en el cobro de licencias y permisos que impiden el desarrollo de proyectos productivos, entre otros. En este contexto, resulta fundamental aplicar medidas que procuren fortalecer la gestión pública (y el capital humano encargado de viabilizar estas inversiones), cumplir con la normatividad vigente e introducir los incentivos adecuados para la oportuna toma de decisiones.

Acelerar la ejecución de inversiones en el corto plazo adoptando las urgentes reformas institucionales pendientes coadyuvará a la reactivación económica del país. Para ello se requiere de liderazgo al más alto nivel y lograr un entorno de mutua confianza entre el sector público y privado que anteponga el bienestar del ciudadano ante cualquier otra consideración. La grave crisis que vivimos introduce el sentido de urgencia que no deberá desaprovecharse. 

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