Por Milton von Hesse

La designación por unas semanas de Luis Barranzuela -un reconocido activista por la no erradicación del cultivo de la hoja de coca en el VRAEM- como Ministro del Interior el 6 de octubre pasado y, posteriormente, la presentación de un proyecto de Ley (PL 538/2021-CR) que promueve la legalización del cultivo en 13 cuencas cocaleras preparado por el congresista de Perú Libre, Wilson Quispe Mamani, que cuenta con el respaldo de su bancada, han abierto la discusión respecto a la pertinencia de impulsar una política de legalización del cultivo de la coca justificada sobre la base de su consumo tradicional y para el uso industrial.

Afortunadamente, en julio del 2020, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, DEVIDA, publicó -a partir de una encuesta nacional encargada al INEI- el estudio “Informe sobre la demanda de hoja de coca para fines tradicionales e industriales”. La conclusión del estudio es evidente: “…la diferencia entre la superficie total de coca (52,100ha según DEA) y la superficie de predios empadronados (22,094ha según ENACO) debería permitirnos establecer con claridad la superficie destinada al mercado ilícito, sin embargo, a partir de los datos analizados (INEI, ENACO), se ha podido establecer que la demanda de hoja de coca con fines lícitos requiere una superficie que se encuentra en un rango entre 8,762.91ha y 9,079.78ha. Ello podría significar que la producción de un rango de entre 43,020.22ha y 43,337.1ha se estaría destinando al mercado ilícito” (página 34 del mencionado informe).

En otras palabras, la demanda actual para consumo tradicional, así como para uso industrial es satisfecha por no más del 17.4% de la superficie cultivada de hoja de coca en el año 2019, que es el año en que se realizó la encuesta del INEI. El resto, al menos el 82.6% de dicha superficie, se orienta hacia usos ilícitos: pasta lavada, pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína, entre los principales productos derivados. En el gráfico siguiente se muestra claramente que salvo el período 2011/2015 en el que se promovió una política de erradicación de la mano con una política de desarrollo alternativo coordinada por DEVIDA, a partir del 2016 el Estado ha sido permisivo respecto a la expansión de dicho cultivo.

¿Qué ha significado para el país este incremento en la superficie sembrada de hoja de coca? En primer lugar, ha tenido un efecto visible y significativo en la deforestación de bosques, principalmente amazónicos, en el Perú. Como se puede observar en los siguientes gráficos, en las regiones de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Madre de Dios, Junín, Loreto y Puno, la pérdida de superficie de bosques amazónicos y la extensión de la superficie de cultivos de coca muestran una relación positiva entre ambas que no ha respetado -ni siquiera- las áreas naturales protegidas por el Estado.

En segundo lugar, esta expansión de la hoja de coca ha venido acompañada también por una escalada de violencia en los territorios indígenas. De acuerdo al portal Ojo Público: “En los últimos cuatro años, en las cuencas cocaleras del Valle río Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), Pichis-Palcazu-Pachitea, Putumayo, Bajo Amazonas e Inambari-Tambopata las hectáreas de hoja de coca ilícita se han ampliado y han incrementado la violencia en los territorios indígenas. El 2020 seis defensores ambientales fueron asesinados en Perú, de los cuales cuatro eran indígenas que habían recibido amenazas de presuntos narcotraficantes.

En tercer lugar, es conocida también la alianza histórica entre narcotraficantes y grupos subversivos cuyo objeto es crear “áreas liberadas” que permita establecer territorios libres de la autoridad pública con la finalidad de desarrollar las actividades ilícitas con mayor facilidad. Otros efectos, no menos importantes que acompañan la expansión de los cultivos de coca son el aumento de la drogodependencia en la población, los mayores niveles de corrupción en las autoridades, así como el desincentivo de las actividades productivas lícitas. 

En el pasado no tan lejano, el Perú ha sido un ejemplo exitoso de promoción de cultivos alternativos como el café, el cacao y la palma aceitera que permitieron una reinserción a la legalidad de un número importante de agricultores que encontraron en dichos cultivos una posibilidad para salir de la pobreza. El otro camino, el de la legalización de la producción de la hoja de coca que se destina a actividades ilícitas, no sólo contribuirá a la destrucción y degradación de los bosques del Perú sino que comprometerá seriamente el futuro de las nuevas generaciones del país.