Por Luis Miguel Castilla

El Gobierno de Pedro Castillo está batiendo un triste récord: ser uno que más ha precarizado al Estado en tan solo 7 meses de gestión con nombramientos cuestionados y copamiento político. Esto último no es nuevo y ha caracterizado a muchas otras administraciones, pero nunca en esta magnitud y velocidad. Es paradójico que la convicción de darle un rol más protagónico al Estado en la vida de los peruanos y que requeriría de un sector público fuerte y capaz venga con la destrucción del capital humano en servicio del Estado. Peor aún que se este dando una repartija de poder con personajes cuyo único mérito es su afiliación política y su pertenencia a grupos que apoyaron al partido Perú Libre a llegar al poder (o de grupos sindicales puntuales).

Cuando se pretende modernizar a la administración pública es indudable que mejorar la calidad de los funcionarios públicos es un primer paso. Esto sin embargo no ha sido internalizado por nuestras autoridades. Hace 9 años se aprobó la reforma del Servicio Civil y tan solo 0.1% de la meta inicial se ha cumplido!! Peor aun el Ministerio de Trabajo pretende adscribirse a Servir y manejar la rectoría de los recursos humanos del Estado. Esto muestra una gran incapacidad de los gobiernos y la clase política en general. Peor aun el Ministerio de Trabajo se está convirtiendo en un caballito de batalla para precarizar aún más a la fuerza laboral. La Agenda 19 sigue avanzando sin tomar en cuenta la debilidad del mercado de trabajo, que alcanza al sector público.

El objetivo de apoyar el sindicalismo y la negociación colectiva y rigidizar el empleo (con las limitaciones aprobadas a las tercerización laboral) atentan contra el derecho de millones de peruanos de tener funcionarios probos y eficientes para dotar los servicios básicos que la población exige (y un mercado laboral que sostenga trabajos formales). La ley reciente que eleva los requisitos para el nombramiento de altos funcionarios debiera ser aplaudida, pero responde a la necesidad del propio Gobierno de regularse a si mismo. Su aplicación significa la remoción de muchos nombramientos recientes lo que añadirá más inestabilidad a un aparato público que ha devenido en disfuncional e inestable que ahora resiste los embates del “gobierno del pueblo”. Sin duda, esta es una perla más de un gobierno que destruye lo avanzado y evita que prosperemos como país.

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