Por Paola Bustamante

La pandemia ocasionada por la COVID-19 trajo consigo el incremento de la pobreza en 9,9 puntos porcentuales (pp), lo que implica que más de 9,8 millones de peruanos y peruanas sean pobres, es decir, no tengan lo suficiente para satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación, vestido, vivienda, combustible, salud, educación, comunicaciones, entre otros.

Durante estos primeros 100 días de gobierno, la única decisión para paliar la urgente necesidad de ingresos de la población pobre fue el Bono Yanapay Perú, con el que se esperaba llegar a 13.5 millones de peruanos y que, a la fecha, sólo ha alcanzado a poco más de 3 millones de personas¹. Siendo esta entrega excepcional y única, la situación de necesidad no necesariamente se atiende oportunamente y, más aún, persiste el problema de fondo.

Por si fuera poco, más de 11 millones de peruanos y peruanas se encontraban en situación de vulnerabilidad en 2020, lo que representa el 35,5% de la población, según las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Durante el año 2020 y en plena Pandemia ocasionada por el COVID-19, el INEI presentó el Informe Técnico “Perú: Estimación de la vulnerabilidad económica a la pobreza monetaria”. En él, se señala que “la estimación de la línea de vulnerabilidad monetaria adopta la conceptualización de vulnerabilidad como el riesgo ex ante de caer en pobreza (Dang y Lanjouw, 2014)”. Por lo tanto, la población vulnerable será aquella ubicada muy cerca a la línea de la pobreza y con probabilidades muy altas de regresar a esta condición ante la pérdida de ingresos o enfermedad de algún integrante del hogar.

Observemos el siguiente cuadro con datos del 2019 para visualizar mejor lo señalado. Es posible clasificar a la población en tres grupos dependiendo de su gasto per cápita mensual. Aquellos que tienen un gasto menor a S/ 187 son considerados pobres extremos, los que mantienen un gasto mayor a S/ 187 pero menor a S/ 352 se consideran pobres y todos los que gastan más de S/ 352 son no pobres.

Como se ve, en 2019 la mayoría de la población (79.8%) era no pobre. Sin embargo, un grupo importante (34%) se encontraba cerca de la línea de pobreza y tenía el riesgo de caer en pobreza ante un choque en sus ingresos. Este conjunto de personas, que gastaba entre S/353 soles y S/ 584 soles estaba en situación de vulnerabilidad monetaria (no pobres vulnerables en el gráfico).

 

Con el diagnóstico claro, revisemos lo que se ha planteado en estos 100 primeros días. En cuanto a la atención de la población en situación de pobreza monetaria, el Gobierno ha continuado e incrementado el número de usuarios de los Programas de transferencias monetarias, como son el Programa JUNTOS y PENSIÓN 65, que cuentan con evidencia que demuestra que sí contribuyen a reducción de pobreza monetaria. Y además en el caso de JUNTOS, desde el 2019 con prioridad en mujeres gestantes y niños menores de cinco años. 

Asimismo, continúan con las transferencias del Programa CONTIGO, que también llega a los hogares pobres con algún integrante con discapacidad severa, en este caso, sería importante que se realice una evaluación de los avances del programa. En el mensaje a la Nación del 28 de julio, el Presidente se comprometió a incrementar el presupuesto para algunos programas sociales, lo que ha sido incorporado en la propuesta de ley de presupuesto 2022. 

Sin embargo, de cara al día a día, con incertidumbre política y económica, no se ha avanzado en generar una estrategia integral de gobierno para atender a este grupo de población que no quiere caer en pobreza, sólo se tienen intervenciones sectoriales aisladas, con poco impacto. Es importante recordar que con programas sociales no se saca a la población de la pobreza de forma sostenida, por eso deben ser temporales y focalizados, con evaluaciones periódicas que permitan identificar si se están cumpliendo sus objetivos.

No obstante, en tanto el Gobierno comprende que la salida permanente de la pobreza es con generación de empleo, producto de mayor inversión pública y privada, mayor recaudación, redistribución adecuada y gestión eficiente, es necesario que se generen liderazgos dentro del Gabinete Ministerial que le pongan rumbo a las acciones dispersas del Gobierno. Esperaría que así fuese y sería interesante que la Primera VicePresidenta de la República, siendo a la vez, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, lidere de la mano con el Ministerio de Economía y Finanzas, la articulación de las intervenciones intersectoriales e intergubernamentales que permitan atender con mejores estrategias a la población vulnerable, desde el acceso a servicios básicos, cobertura de salud para todos, así como las oportunidades para emprendimientos y desarrollo económico productivo.

Debemos evitar que la población sienta que sólo cuando tiene una clasificación socioeconómica de pobre, emitida por el Sistema de focalización de hogares (SISFOH), tienen mayores oportunidades de apoyo del Estado. El incentivo para quienes salen de la pobreza debería estar concentrado en acceder a mayores oportunidades para el desarrollo económico productivo, asistencias técnicas y acompañamiento, crédito, apoyo al emprendimiento cuando es viable, con trabajo directo desde sectores como MTPE, PRODUCE, MINCETUR, MIDAGRI, MINAM, MINEM y en articulación con las autoridades regionales y locales. 

Urge trazar una estrategia de salida permanente de la pobreza, pero es clave el liderazgo y el apoyo político, así como el involucramiento de más de la mitad del gabinete, incluído el MEF. Esperamos que se tome en serio, ya que de no hacer nada, es probable que ante futuros shocks como el de la pandemia, millones de peruanos caigan nuevamente en situación de pobreza.


¹ Documento 100 días de Gobierno del Presidente Pedro Castillo Terrones.