Por Luis Miguel Castilla

Más allá de razones ideológicas desfasadas y de una firme creencia de que regresar al estatismo sería algo superior al modelo actual que tenemos, existen razones subalternas para insistir con esta embestida de forzar una asamblea constituyente y “abolir” la carta magna de 1993 como ha prometido Vladimir Cerrón.

Estas tienen que ver más con objetivos políticos de hacerse del poder a como de lugar, deshaciéndose del Congreso y capturando al poder económico a la Cuba o Venezuela. Lograr estos objetivos no será tarea fácil ante la enorme desaprobación popular pero el oficialismo se beneficia en el ínterin al crear una cortina de humo distractora que tape su inoperancia, incompetencia y corrupción.

El impacto económico se está viendo reflejado con claridad en el tipo de cambio que es uno de los termómetros más precisos de la incertidumbre que perciben los agentes económicos. Y esto no es para menos si vemos lo que está pasando en Chile.

Ya en el texto aprobado por los convencionales chilenos está la subordinación del banco central al poder político, la segmentación del Poder Judicial que no asegura trato igual de todos los ciudadanos ante la ley, la creación de un estado plurinacional enredado, inorgánico y oneroso, y un largo etcétera de despropósitos extremistas que incluso han hecho que su aprobación plebiscitaria entre en duda.

Realmente eso no queremos para nuestro país. El problema real radica en la disfuncionalidad del Estado y su incapacidad de dar los servicios que grandes segmentos de la población reclaman. Y esto no se resuelve tirando a la basura un arreglo económico que redujo en 40% la pobreza en 20 años y que ciertamente transformó el país y le dio racionalidad a la economía.

Salir de esta situación demanda que los ciudadanos exijamos que el Congreso haga lo suyo y le ponga punto final a esta gestión presidencial que solo quiere su tajada de poder a como de lugar y empiece a legislar para resolver los problemas políticos estructurales que han hecho al Perú ingobernable.

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