Por Janice Seinfeld

Si bien la incertidumbre antes del inicio del Gobierno era enorme, hay que destacar que, en el sector salud, los primeros 100 días de esta administración han estado enfocados en continuar y mejorar el proceso de vacunación. Hoy, fines de octubre, más del 60% de la población objetivo tiene al menos una dosis de vacuna, y más del 50% tiene la pauta completa. El ritmo de vacunación es coherente con la meta de vacunar a todos los mayores de 12 años a diciembre de 2021.

Sin embargo, el contexto de crisis sanitaria hace que estos avances, aunque buenos, no sean suficientes para brindar servicios de salud adecuados a todos los ciudadanos. Y, para ilustrarlo, funciona apelar a lo bueno, lo malo y lo feo. 

Lo bueno

Para no alterar el proceso de inmunización contra la COVID-19, se mantuvo al equipo de la gestión anterior, que ganó velocidad con la llegada de más vacunas —¡la tan difícil continuidad técnica que necesitamos impulsar en nuestro servicio público!—.

Se promulgó la Ley Nacional del Cáncer, que, dependiendo de cuán aterrizado sea su reglamento, podría ser una gran oportunidad para articular a los prestadores oncológicos y mejorar el acceso al tratamiento para todos los ciudadanos que lo requieran. 

También, es alentador que el impulso a la descentralización y el fortalecimiento institucional y del servicio civil, así como la generación de bienestar y protección social con seguridad alimentaria, sean parte de la Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026. Sin embargo, estos buenos deseos deben pasar a ser acciones concretas.

Lo malo

Pese al bajo nivel de contagios y de fallecidos por COVID-19 que se registran en las últimas semanas, la agenda no COVID-19 continúa desatendida desde marzo de 2020. Esta incluye a la primera infancia y a pacientes crónicos y oncológicos, por citar algunos ejemplos. Este tema ya debería haberse puesto al centro de la política de salud de la actual gestión. Basta con comparar los niveles de producción asistencial de agosto de los años 2019 y 2021, como vemos en los siguiente gráficos. 

También preocupa que aspectos importantes para reformar el sector no han sido discutidos ni priorizados. El primer nivel de atención, tema fundamental y promesa de campaña del Gobierno, no recibe la atención necesaria. Ni siquiera se impulsa el Programa Creación de Redes Integradas de Salud (PCRIS) para implementarlas en el territorio, a pesar de tener el financiamiento del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Lo feo

Algunas designaciones en el sector generan preocupación porque claramente los elegidos no cumplen los requisitos mínimos para desempeñarse en el cargo —ni hablar de los prontuariados, cuya sola postulación es una afrenta directa a la ciudadanía—. Necesitamos el mejor talento disponible en el país para proteger lo más valioso: la vida y salud de los peruanos.

En suma, en términos del combate a la pandemia y el avance de la vacunación estamos progresando, pero todo el resto de los temas de salud vienen siendo relegados. No se está hablando lo suficiente de las enfermedades que no estamos atendiendo, incluyendo temas de salud mental, pero también de enfermedades crónicas que pueden y deben ser tratadas a tiempo. No hacerlo acarreará mucho sufrimiento y será mucho más costoso para el país. 

Tampoco se está hablando de la reforma del sector, y de la necesidad de implementar cambios urgentes e imperantes: cómo trabajar en el primer nivel de atención, cómo trabajar en redes para organizar la prestación del servicio de salud según criterios territoriales y poblacionales, cómo mejorar el financiamiento para que la plata se convierta en servicios de manera más eficiente… Son temas prioritarios que se deberían estar poniendo sobre la mesa para debatirlos y determinar cómo implementarlos. Y nada de eso se está haciendo.