Por Luis Miguel Castilla

El lunes 25 de julio se publicó en el diario oficial El Peruano un decreto donde se regula las relaciones laborales colectivas forzando un mayor sindicalismo. Así el Gobierno pretende cumplir su agenda política de espalda a lo que está realmente pasando en la economía: una desaceleración de cara a un deterioro significativo en el entorno externo.

Luego de un año de gestión, Castillo sale desaprobado porque desaprovechó unas condiciones económicas inigualables para apuntalar la generación de empleo en el país: precios récord del cobre, recaudación histórica y recuperación sectorial espectacular de la mayoría de sectores que habían estado cerrados por la cuarentena.

Prometió crear un millón de empleos en su primer año de gestión fracasando rotundamente al haber frenado la economía en seco. La inversión pública colapsó por la implosión a la que se sometió a la administración pública. La inversión privada cayó por la conflictividad minera y por la políticas erráticas y la incertidumbre provocada por los cambios regulatorios adoptados y anunciados.

Se esperan sorpresas para el discurso de 28, cuando lo mejor para la economía sería un mensaje de tranquilidad, un mea culpa, giros en la conducción del equipo gubernamental, etc. Pues eso no parece ser el caso.

El presidente esta sitiado por la justicia y necesita poner en agenda nacional otro tema que no sea sus problemas judiciales, quiere volver a enganchar con el Perú profundo que lo eligió de cara a las venideras elecciones regionales y municipales y que sigue esperando un cambio radical que no llega y podría pretender radicalizar su narrativa (y así relanzar la bendita asamblea constituyente).

El problema de esta estrategia más radical es que es la más perjudicial para las expectativas económicas que de por si se ubican en el tramo más pesimista y no ven luz al final del túnel. Esto augura que el estancamiento económico se prolongue mucho más tiempo en el mejor de los casos.

La llave para salir de esta situación la tiene el Congreso y eventualmente la ciudadanía en la calle forzando a que la clase política ejerza la función que la ley le confiere. Mientras tanto las condiciones económicas se pondrán mucho más difíciles a medida que el mundo siga complicándose.

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