Por Paola Bustamante

Ad portas de cumplir tres meses de gobierno, los conflictos sociales en el país se han agudizado debido a las expectativas generadas por la oferta política del Presidente Pedro Castillo, durante su campaña y los compromisos que el ex primer ministro Guido Bellido asumió frente a la población de las provincias de Cotabambas, Chumbivilcas y Espinar, ámbito conocido como el corredor minero del sur.

El paro iniciado el 18 de octubre en la provincia de Cotabambas logra una suspensión a los diez días de iniciado, con el compromiso de la Primera Ministra Mirtha Vásquez de relanzar el espacio de diálogo denominado “Comisión Multisectorial de la Provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso” y comprometiéndose a que el canon se pagará en enero del año 2022.

Para conocer qué hay detrás de las demandas, estos acuerdos y la agenda de la provincia, es importante tener en cuenta que en esta zona los conflictos son recurrentes, sobre todo, desde el año 2015. En ese año las demandas realizadas por el distrito de Challhuahuacho al Estado, durante las diferentes mesas de diálogo, se concretaron en 89 proyectos por un monto aproximado de más de 516 millones de soles, cuyo marco de compromiso se plasmó en el D.S. N°. 005-2016-PCM. En el caso de las demandas a la empresa MMG Las Bambas, estaban relacionadas con el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa en el anexo K del contrato suscrito, cuyo seguimiento es responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas.

Posteriormente y después del cambio de gobierno, las poblaciones de la misma provincia demandaron atención y cumplimiento del compromiso asumido previamente.  Lamentablemente, cada cambio de gobierno implica un nuevo comienzo, por lo que se asumen nuevos compromisos, sin revisar lo avanzado, sin evaluación previa, suponiendo que no se hizo nada, sea mucho o poco. 

Esta vez, el compromiso se plasmó en la Ley N°. 30589, “Ley que promueve el desarrollo económico y social de la zona de influencia del Proyecto Minero Las Bambas”, a través de la cual se declara de interés nacional y necesidad pública el desarrollo económico y social de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso en la provincia de Grau, en el departamento de Apurímac. En cuyo marco se acuerda, en setiembre de 2017, el denominado Plan Cotabambas que incluye al distrito de Progreso, plasmándose los compromisos en una matriz con 283 proyectos de inversión pública, que ascienden a una inversión estimada de 2,800 millones de soles. Cabe precisar que los 89 proyectos del distrito de Challhuahuacho comprometidos en la norma del 2016 también fueron incorporados.

Uno de los temas críticos sin atender es el adecuado y oportuno seguimiento a los compromisos asumidos por el propio Gobierno, dejando claro que también existen grandes debilidades en el seguimiento a los acuerdos o compromisos de las empresas mineras con las comunidades del entorno minero, así en varias oportunidades al no estar acuerdo en los avances, se reinician los conflictos.

Es así que a fines del 2018 y primer trimestre de 2019, las demandas en la zona del corredor minero por el incumplimiento de los compromisos asumidos se hace sentir nuevamente y es la Comunidad de Fuerabamba, quienes inician las acciones de protesta. Sus demandas esta vez estaban relacionadas directamente con el cumplimiento de los compromisos de la empresa señalados en el “Compendio de acuerdos entre el Comité Central de Negociación de la Comunidad de Fuerabamba y los Representantes del Proyecto Minero Las Bambas” en el marco del reasentamiento de la Comunidad Campesina de Fuerabamba, suscrito hacia el 2010 y vigente hasta la fecha, tales como, contratos laborales para las personas de la Comunidad, el paso de los vehículos de la empresa por los terrenos del Fundo Yavi Yavi propiedad de la Comunidad y cuya vía fue declarada como vía nacional en el año 2017; y, adicionalmente la liberación de sus abogados, que estaban con prisión preventiva por el delito de extorsión, entre otros. Al no concretar acuerdos con la empresa y el gobierno, las comunidades de los diferentes distritos de la provincia de Cotabambas y Progreso se sumaron a la paralización, generando el escalamiento del conflicto. 

En el mes de abril, con Salvador Del Solar como Presidente del Consejo de Ministros, se logró un acuerdo con la Comunidad de Fuerabamba y la empresa MMG Las Bambas para el cumplimiento de los compromisos que figuran en el compendio de acuerdos y también se acuerda con la Provincia de Cotabambas, la conformación de la Comisión Multisectorial para la Provincia de Cotabambas y distrito de Progreso, denominado “Espacio de Diálogo y cumplimiento de compromisos para el desarrollo de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas”, reconocido mediante D.S. N°. 075-2019-PCM. 

En base a la agenda de nueve puntos, el primer acuerdo entre el gobierno nacional, los alcaldes y los dirigentes de cada una de las Comunidades de los 7 distritos, fue la conformación de nueve grupos de trabajo para desarrollar cada uno de los temas de la agenda provincial, así como los lugares de reuniones para cada tema de la agenda. 

Durante el año 2019 y parte del 2020 avanzaron con el diálogo y el desarrollo de los grupos de trabajo, el MINJUS creó una oficina de asesoría jurídica gratuita en Challhuahuacho para los comuneros denunciados y a fines del año 2019 se habían logrado archivar aproximadamente más de 100 casos. Se avanzó con la priorización de proyectos de inversión pública para cada distrito, la cual incorporaba los proyectos de Challhuahuacho señalados en líneas previas. En el marco del grupo de trabajo 9, sobre seguridad, en el año 2019 se entregaron patrulleros a los siete distritos que participan en el diálogo. Durante el presente año se continuó con el proceso y el 12 de julio se realizó un balance de los avances de la Comisión Multisectorial en la sede del Ministerio de Energía y Minas.

Durante estos años, el pago del canon fue un tema pendiente, aún cuando en el 2019 se acordó una facilidad financiera que finalmente se entregó a los gobiernos locales durante el 2021 como adelanto del canon minero. Sin embargo, el 27 de octubre, la Primera Ministra se comprometió a pagar el canon minero, a partir de enero del año próximo.

¿Y qué implicancias tiene el acuerdo suscrito el 27 de octubre, sobre relanzar la Comisión Multisectorial creada en el 2019 y sus nueve grupos de trabajo?

Implicará que el sector energía y minas asuma el liderazgo del proceso, como lo hizo la gestión del Ministro Gálvez, revisando los antecedentes y los avances en cada una de los grupos de trabajo, en los que hay responsables sectoriales del gobierno nacional, también procesos de diálogo sobre pedidos expresos a la empresa MMG Las Bambas; y, compromisos de las autoridades regional y locales. 

Será necesario que se reporte de forma permanente en Consejo de Ministros, los avances del proceso a fin de que se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento. 

Asimismo, el distrito de Challhuahuacho viene solicitando que se cumpla con los compromisos asumidos en el D.S. N°. 005-2016-PCM. Como ya se ha señalado, estos compromisos se integraron al Plan de Cotabambas, y en setiembre del 2020, el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM informó a las autoridades locales y comunales sobre los avances en su cumplimiento, en el mismo distrito de Challhuahuacho. Asimismo, en diciembre del mismo año, un equipo del gobierno de transición y emergencia liderado por el Ministerio de Energía y Minas se comprometió a brindar asistencia técnica para avanzar con la elaboración de los expedientes técnicos pendientes y a cargo del gobierno local.  Es por ello que será importante y necesario que los Ministros de Energía y Minas y Agricultura, designados por la Primera Ministra para que sus carteras asuman el diálogo el 08 de noviembre, tomen conocimiento de lo ejecutado a la fecha, ya que de lo contrario se volverá a foja cero, como suele suceder cada inicio de gestión gubernamental o cada vez que hay cambio de gestión ministerial.

Como se desprende de lo señalado en los párrafos precedentes, los conflictos se han generado porque el Estado no ha contado con una estrategia para promover la viabilidad social de los proyectos mineros, dejó el proceso de diálogo empresa – comunidad, como proceso de diálogo y acuerdo entre privados. 

Una lección interesante de este último proceso es que las comunidades y las autoridades locales han señalado que la agenda de nueve puntos planteada en el 2019 sigue vigente, por lo que a diferencia de procesos previos, no exigen nuevos espacios, sino que se retome el que ya existía, aún cuando hay pendientes por resolver, al parecer conforme su propia evaluación, si estaban funcionando. 

Ahora corresponderá al Gobierno del Presidente Pedro Castillo tomar conocimiento y valorar lo avanzado, definir una estrategia, corregir aquello que sea necesario y agregarle valor para cerrar cada uno de los temas planteados en la agenda provincial, teniendo en cuenta que se requerirá voluntad, paciencia y muñeca, para llegar a acuerdos y consensos que le den viabilidad, ojalá permanente, a la actividad minera en la zona.