Por Luis Miguel Castilla
Cajamarca sigue siendo el departamento más pobre del país, con un 40.5% de su población en situación de pobreza monetaria y un 15.5% en pobreza extrema rural, según el INEI. Esta realidad refleja no solo carencias estructurales —como la baja productividad agrícola, la débil infraestructura vial y el acceso limitado a servicios básicos—, sino también deficiencias en la gestión pública, que han impedido que los recursos del canon minero generen mejoras sostenibles. Transformar esta situación exige políticas diferenciadas para las zonas rurales dispersas, fortalecer la capacidad técnica de los gobiernos locales, articular mejor los programas sociales y productivos, e impulsar alianzas entre distintos niveles de gobierno y con el sector privado. Más allá del gasto, se necesita una gestión pública con enfoque territorial, participativo y orientado a resultados.
Lee aquí la columna completa publicada en El Clarín (Cajamarca):
