Por Luis Miguel Castilla.
Es inaceptable que el Gobierno tome represalias contra funcionarios que critiquen el accionar del Ejecutivo, incluso destituyendo a órganos colegiados como el Consejo Fiscal del Perú por cumplir con el rol que la ley les asigna. Una pieza clave de la institucionalidad fiscal del país ha sido tener un conjunto de reglas fiscales que aseguren la sostenibilidad de las finanzas públicas (topes al déficit fiscal y al endeudamiento público) y una entidad técnica independiente que emite opiniones y recomendaciones no vinculantes, actuando como contrapeso del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En el pasado, ese rol era desempeñado por el Banco Central de Reserva, que emitía opinión técnica sobre el Marco Macroeconómico Multianual.
El papel crítico del Consejo Fiscal en la sostenibilidad de las finanzas públicas
En 2013, se aprobó una nueva ley de responsabilidad fiscal que creó una nueva instancia que sustituyó el rol que tenía el BCR en materia fiscal, con funciones que incluso le valieron una mejora en la clasificación crediticia de Perú por parte de las agencias de rating. Desde entonces, el Consejo Fiscal, compuesto por expertos independientes en la materia (incluyendo la participación de varios ex miembros del MEF), ha ejercido una función clave al alertar sobre desviaciones inadecuadas en la política fiscal y contingencias que podrían minar la fortaleza de nuestras finanzas públicas. Entre estas alertas se encuentran el riesgo de incumplimiento de las reglas de tope de déficit fiscal, proyecciones macroeconómicas sobreoptimistas (para inflar los ingresos fiscales), la aprobación de leyes inconstitucionales por el Congreso (que no tiene iniciativa de gasto), cambios a la ley de presupuesto a través de decretos de urgencia (cuando el Ejecutivo aprobó créditos suplementarios evitando al Congreso), el impacto de fallos del Tribunal Constitucional al introducir precedentes adversos al equilibrio presupuestario y, últimamente, las presiones ejercidas por la Municipalidad de Lima al sobreendeudarse mucho más allá de sus ingresos, comprometiendo gestiones edilicias futuras. En general, se observa un debilitamiento del papel que el rigor técnico ha ejercido para asegurar una política macroeconómica sana y un país solvente.
La degradación de la institucionalidad por intereses políticos
Lo que vemos es un gobierno intolerante que está avasallado por el Congreso y secuestrado por intereses políticos que no actúan de manera responsable. En el pasado, cuando prevalecía la política sobre las decisiones de política económica, nuestro país sufrió duras consecuencias. Parece que las lecciones del pasado han pasado a segundo plano y se degrada aceleradamente la institucionalidad a todo nivel por móviles políticos y bajo un Gobierno que muestra desprecio hacia las opiniones y recomendaciones de las instituciones técnicas especializadas.
