UN PERÚ PRÓSPERO ES POSIBLE

Propuestas del Bicentenario, una iniciativa de Videnza Instituto, busca posicionar una agenda país que atienda la necesidad de crecimiento económico junto con reformas estructurales necesarias para el desarrollo.

¿Qué es Propuestas del Bicentenario?

Propuestas del Bicentenario es una iniciativa de Videnza Instituto, asociación sin fines de lucro, que plantea propuestas para mejorar la gestión y las políticas públicas en los tres niveles de gobierno del Perú.

¿Cuál es nuestro objetivo?

Propuestas del Bicentenario nace con dos objetivos:

  • Aportar al desarrollo económico y social del Perú.

  • Incidir en el debate nacional y regional.

¿Cómo medimos el progreso de nuestro país?

En un contexto de gran incertidumbre, consideramos importante identificar y hacer seguimiento a algunos de los principales indicadores clave para el desarrollo social y económico de cada región. Por eso creamos el Observatorio del Bicentenario, una plataforma que permite al público en general revisar información actualizada de más de 180 indicadores construidos desde más de 30 fuentes oficiales, de los siguientes rubros:

Reactivación económica
Estado eficiente y lucha contra la corrupción
Reforma
política
Desarrollo humano
Actividades extractivas
Agricultura
Seguridad ciudadana

¿Qué hemos logrado?

+8330

impactos en medios

+88

eventos presenciales que hemos organizado o en los que hemos participado

+49 millones

usuarios alcanzados en redes sociales

3

libros publicados

Instituciones aliadas

Instituciones que han aportado a nuestra iniciativa

Para el desarrollo de Propuestas del Bicentenario ha sido fundamental el trabajo conjunto con otras entidades que comparten nuestro principios. Hemos recibido el respaldo técnico de instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Adicionalmente, hemos contado con el apoyo invalorable de empresas como Alicorp, ALAC (Newmont), Antamina, Buenaventura, Cálidda, Credicorp, Grupo Breca, Grupo Gloria, IIMP, Intercorp, Kallpa Generación, Repsol, Roche Perú, Sanofi Perú, Tecnofarma y Telefónica del Perú.

Conoce más de nosotros

Nuestro recorrido

En este video te contamos nuestra historia, lo logrado en cada etapa y lo trabajado desde que se fundó la iniciativa.

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Artículos de interés y novedades

Casi mil alcaldes mantienen menos del 50% de ejecución en obras

By Estado eficiente: calidad regulatoria, calidad de gasto y modernización del Estado


Por Luis Miguel Castilla

En el Perú, los recursos sobran, pero falta desarrollo. Cada año, cientos de gobiernos locales repiten el mismo fracaso: presupuestos que no se ejecutan, obras inconclusas y una gestión pública que no logra transformar dinero en bienestar. Mientras tanto, millones de peruanos siguen esperando agua, escuelas y caminos que nunca llegan.

Ineficiencia y corrupción: las verdaderas fugas del gasto público

Según la Contraloría General de la República, más de S/ 24 mil millones del gasto público se pierden anualmente por ineficiencia, corrupción o uso irregular de los recursos. En los gobiernos locales, los niveles de ejecución de inversión apenas bordean el 60%, y en distritos con canon, el subejercicio llega a ser aún mayor. No es una falta de dinero: es una falta de gestión, control y rendición de cuentas.

Una gestión pública atrapada en la improvisación

La alta rotación de funcionarios, la débil capacidad técnica y la maraña burocrática han convertido la inversión pública en una herramienta ineficaz. Se gasta tarde, se gasta mal o, simplemente, no se gasta. En muchos municipios, la improvisación y el clientelismo pesan más que la planificación o los resultados. Y cuando la falta de capacidad se mezcla con corrupción, el daño se multiplica.

La paradoja del canon: riqueza sin desarrollo

La paradoja es evidente. Distritos con enormes recursos del canon —como Espinar o San Marcos— siguen mostrando altos índices de pobreza y obras paralizadas. Mientras tanto, pequeños municipios sin canon, en regiones como Ayacucho o Huancavelica, ejecutan más del 80% de su presupuesto gracias a equipos técnicos estables y gestión responsable. En un país desigual, la eficiencia también se ha vuelto un privilegio.

Un sistema que protege privilegios y perpetúa desigualdades

Y cuando se plantea corregir el reparto del canon, el sistema se blinda. La Constitución y la Ley de Canon atan los recursos al lugar de extracción, y cualquier intento de redistribuirlos tropieza con intereses políticos. Nadie quiere ceder privilegios. Así, el dinero se acumula donde menos impacto tiene, mientras los distritos vecinos —que sufren los mismos impactos ambientales— apenas sobreviven con transferencias marginales.

El verdadero desafío: gastar mejor, no gastar más

Pero el debate no debe centrarse solo en “repartir más”, sino en gastar mejor. Se necesitan equipos técnicos permanentes, gestión profesionalizada y transparencia obligatoria. Las transferencias del Ejecutivo deben estar condicionadas a resultados verificables, con incentivos reales a la eficiencia y sanciones al despilfarro. El concepto de control concurrente de la Contraloría debe cambiar para acompañar, no solo castigar o simplemente acumular mayores recursos por la tasa de supervisión que se les carga a los proyectos, sin mayores resultados evidentes.

Urge una reforma profunda del canon y la inversión pública

El resultado actual es inaceptable. El Perú necesita un debate nacional profundo sobre la reforma del canon y del sistema de inversión pública. No basta con administrar la desigualdad; hay que cambiar las reglas que la perpetúan. Esta necesidad probablemente no sea atractiva para los políticos, que no querrán alienar a sus bases de apoyo. Pero, lamentablemente, mantener el statu quo no debiera ser una opción. Urge acción en la materia.

Conoce su opinión publicada en El Comercio:

29 de octubre de 2025

4 de cada 10 obras regionales fueron reprogramadas

By Estado eficiente: calidad regulatoria, calidad de gasto y modernización del Estado


Por Luis Miguel Castilla

El sinceramiento reciente de los plazos de ejecución de más de cuatro mil proyectos regionales en el país ha dejado al descubierto una verdad incómoda: el Estado peruano ha normalizado la ineficiencia. La cartera de inversiones públicas, que debía ser un motor de desarrollo y bienestar, se ha convertido en un laberinto burocrático donde los plazos se estiran, los costos se inflan y los resultados se difieren una y otra vez, hasta 20 años después de lo previsto.

No es falta de dinero, sino de gestión

No se trata de falta de dinero. Solo en 2024, la inversión pública alcanzó los S/ 57 mil millones, con una ejecución del 82%. Sin embargo, millones de peruanos siguen esperando agua potable, escuelas y hospitales equipados. El problema, por tanto, no es de recursos, sino de gestión y, obviamente, de mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.

Un sinceramiento que maquilla el atraso

El “sinceramiento” de fechas, tras la aprobación de una ley que prioriza el financiamiento de obras paralizadas y no de proyectos nuevos, lejos de ser una solución, ha maquillado el atraso. Más de la mitad de los proyectos regionales postergaron su culminación entre cuatro y ocho años para abrir espacio de financiamiento a nuevos proyectos. Así, obras que debieron estar entregadas en 2023 ahora figuran con nuevos plazos que se extienden hasta 2036. Un cambio en el calendario que no responde a avances reales, sino a una decisión administrativa que disfraza la ineficacia.

Sectores esenciales, los más perjudicados

Los sectores más afectados —Educación, Salud y Transporte— son precisamente los que sostienen la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo futuro del país. Postergar escuelas, carreteras u hospitales no es un simple ajuste administrativo: es una renuncia a la oportunidad perdida de reducir brechas y dignificar la vida de los peruanos.

Reformar la gestión, no solo aumentar el presupuesto

Por ello, insistir en pedir más presupuesto sin reformar la gestión es una salida falsa. En este marco, es urgente recuperar la conexión entre planificación, programación y ejecución. La Programación Multianual de Inversiones debe dejar de ser un inventario decorativo y convertirse en una herramienta vinculante, basada en brechas reales y metas medibles. El Estado no puede seguir improvisando obras que nacen sin estudios sólidos ni capacidad de gestión para sostenerlas.

El verdadero valor de la gestión pública

Una gestión pública moderna se mide no por cuánto se gasta, sino por lo que se logra con cada sol invertido. No hay desarrollo posible si la inversión pública se diluye en cronogramas eternos y proyectos que cambian de fecha más que de avance. La ciudadanía no puede seguir pagando la factura de la ineficiencia estatal.

Resultados, no excusas

Hoy más que nunca, se necesita liderazgo técnico, integridad en la planificación y eficiencia en la ejecución. Solo así se podrá transformar el gasto en bienestar y la inversión en verdadero progreso. El Perú no necesita más excusas ni nuevos plazos: necesita resultados. Esto debiera estar bien internalizado en la agenda prioritaria del MEF en los próximos meses, a medida que se prepara para dejar la casa ordenada para la siguiente administración.

Lee el informe de Videnza Instituto publicado en Gestión:

27 de octubre de 2025

Baja productividad y altos costos en la agricultura familiar

By Agricultura


Por Luis Miguel Castilla

El reciente discurso de investidura del nuevo gabinete volvió a dejar en evidencia una vieja constante de la política peruana: el olvido del campo. Entre los anuncios dispersos sobre la ampliación del seguro agrícola, la continuidad de proyectos de irrigación y la promesa de formalizar 60 mil predios rurales, no se vislumbra una estrategia integral para un sector que sigue postergado: la agricultura familiar. Omisión que se ha repetido con las últimas administraciones que hemos tenido y que usualmente no abordamos.

Un sector esencial, pero subestimado

El próximo gobierno heredará una deuda profunda con los agricultores. Más de dos millones de hogares dependen de la agricultura familiar y, aun así, su papel esencial en la seguridad alimentaria nacional continúa siendo subestimado. Este sector produce más de la mitad de los alimentos que consumimos, pero enfrenta graves limitaciones: baja productividad, escaso acceso a crédito y tecnología, y una débil inserción en los mercados.

Diagnósticos abundan, gestión falta

Durante años, la respuesta del Estado ha sido insuficiente y errática. La realidad así lo muestra: el 46% de los agricultores aún depende de la lluvia para regar sus cultivos, menos del 9% utiliza semillas certificadas y solo el 2.7% ha recibido asistencia técnica. No faltan diagnósticos; lo que falta es gestión, coherencia y voluntad política.

Infraestructura rural para un cambio real

El nuevo gobierno tiene la oportunidad —y la obligación— de corregir ese rumbo. Convertir la agricultura familiar en una prioridad real de política pública implica, primero, invertir en infraestructura rural básica: riego tecnificado, caminos vecinales, electrificación y conectividad digital. Sin estas condiciones mínimas, cualquier intento de mejorar la productividad será estéril.

Crédito y seguros al servicio del pequeño productor

En segundo lugar, se requiere un rediseño profundo de la política crediticia y de seguros agrarios. Agrobanco y las cajas rurales deben fortalecerse con mecanismos de garantía estatal que reduzcan riesgos y permitan préstamos accesibles. Los seguros, por su parte, deben cubrir no solo desastres climáticos, sino también las fluctuaciones del mercado y la caída de precios, factores que hoy pueden arruinar a un productor en una sola campaña.

Innovación y asociatividad para competir mejor

Un tercer eje indispensable es la innovación. La extensión agraria y la capacitación técnica deben ampliarse mediante alianzas público-privadas que acerquen la tecnología a los pequeños productores. Promover la asociatividad —productiva, comercial y financiera— será clave para que los agricultores puedan competir en mejores condiciones.

Una visión territorial para el desarrollo rural

Cualquier política agraria debe tener enfoque territorial. No puede haber desarrollo rural sin servicios básicos, educación, salud y gobernanza local. La agricultura familiar debe ser parte de una visión integral del país, no un apéndice del discurso político. Su fortalecimiento garantiza la seguridad alimentaria, equilibra el desarrollo territorial y fortalece la estabilidad social. Nada de lo planteado es nuevo; sin embargo, lo que sigue faltando es una real voluntad política para encarar esta situación.

Lee el informe de Videnza Instituto publicado en El Comercio:

24 de octubre de 2025
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