Por Luis Miguel Castilla.

Las restricciones políticas limitan el accionar del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto lo hemos visto con claridad en la gestión anterior del ministro Contreras y lo seguimos viendo en la gestión actual. Es evidente que estamos dejando atrás la desaceleración económica al registrarse una recuperación de la actividad en sectores muy golpeados como la construcción y los primarios afectados por los shocks climatológicos, agro y pesca, y se retoman importantes adjudicaciones de proyectos de asociación público-privada en el sector de transporte. Las expectativas empresariales, monitoreadas por el BCR, comienzan a recuperarse y la inflación esperada se encuentra bien anclada dentro del rango meta, a tal punto que el BCR ha retomado la reducción de la tasa de interés de referencia tras unos meses de pausa. Esto permitirá acelerar la recuperación del consumo privado y sostener un mayor crecimiento del crédito al sector privado. Gran parte es rebote estadístico, pero gradualmente vemos mayor actividad en todos los sectores.

Obstáculos políticos: Barreras para el progreso financiero

Sin embargo, las expectativas de una mayor recuperación de la confianza, clave para retomar mayores tasas de crecimiento económico, y la necesidad de sanear las finanzas públicas, pueden verse comprometidas por actores políticos que sustentan a la presidenta Boluarte: bancadas con agendas individuales en el Congreso y autoridades regionales que apoyan en tanto se ceda ante sus pedidos presupuestarios. Ejemplos de esto lo constituyen: La incapacidad de parar el populismo desenfrenado del Congreso (contrarreforma educativa y destrucción del sistema privado previsional), tener posiciones tibias ante la impunidad que se le pretende dar a los mineros ilegales, el canje de apoyo político por financiamiento de proyectos en regiones, permitir el sobreendeudamiento de la Municipalidad de Lima que dificulta el saneamiento de las cuentas públicas o la habilitación de partidas para pagar mayores beneficios laborales al Congreso. Esto mina la capacidad del MEF y lo posiciona como un actor pasivo sin capacidad de acción real y menos margen de veto como en el pasado.

Desafíos emergentes: Amenazas a la estabilidad y el legado económico

Más complicado aún, el avance de la inseguridad y criminalidad, los golpes atestados por la minería ilegal y el avance de actividades ilícitas con el aval de actores políticos, en un contexto de cada vez mayor desaprobación ciudadana hacia la Presidenta envuelta en investigaciones penales y con serios cuestionamientos hacia su liderazgo, complican un legado que deje huella a futuro. En las próximas semanas veremos la discusión en torno al pedido de facultades legislativas y podremos tener una mejor idea de lo que el MEF quiere empujar. Del discurso de investidura se deduce que el tema económico seguirá siendo privilegiado por el actual Gobierno. Queda por ver si tendrán mayor éxito que en el pasado.

Lee aquí la entrevista de Luis Miguel Castilla publicada en Infobae: