Por Luis Miguel Castilla
Una de las “papas más calientes” que tiene el Gobierno es cómo lidiar con el avance de la minería ilegal en el país. Falta un mes para que se venza el plazo de prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y todo indica que se pateará hasta fin de año, en plena recta final hacia las elecciones generales. El avance hacia una fórmula legal que permita una mayor formalización de la minería artesanal y la pequeña minería (MAPE) ha sido casi nulo y, más bien, el Gobierno ha mostrado una total improvisación en el reglamento de la ley que prorrogó el plazo de vencimiento del Reinfo.
El Reinfo hereditario: una figura que desvirtúa el proceso de formalización
Esta semana hemos visto la publicación del DS 009-2025-MINEM, estableciendo el carácter hereditario del registro en el Reinfo, desnaturalizándolo y dándole el tratamiento de un derecho adquirido. Esto provoca suspicacia sobre cuál sería la real intención del Minem al introducir en la reglamentación la figura del Reinfo hereditario, dado que este no es un aspecto contemplado en la citada ley. Un registro como el Reinfo no puede ser considerado hereditario al no representar en sí mismo un derecho sobre un bien. El Reinfo no otorga ningún derecho, es un mero registro tipo padrón para poder seguir un trámite de formalización que es temporal. Esta medida solo avalará la proliferación de informales y la perpetuación de esta condición bajo el escudo de la herencia.
Contradicciones internas en el Minem sobre la herencia del Reinfo
Peor aún, se evidencian claras contradicciones al interior del Minem. Por un lado, el ministro ha declarado que el Reinfo que se herede solo se aplicará respecto a los Reinfo vigentes y hasta diciembre de 2025. Por otro, el director de Formalización ha señalado que la transferencia de titularidad por sucesión busca que los herederos se hagan cargo de los pasivos ambientales que se puedan generar producto de las actividades informales. Esto es contradictorio considerando el hecho de que el mayor porcentaje de Reinfo suspendidos, pero que siguen operando, están en esa condición por no haber siquiera presentado el instrumento de gestión ambiental. Es decir, estos Reinfo operan sin medidas de prevención ni mitigación de sus impactos ambientales. Entonces, se cae el argumento de querer asegurar responsabilidades ambientales.
El problema de la superposición de derechos y el riesgo de blanqueo de oro ilegal
Lo que no se discute es qué hacer con la superposición de la propiedad, habida cuenta de que el 95% de inscritos en el Reinfo opera en concesiones mineras de terceros formales. Otorgar derechos de propiedad colisionaría con la inviolabilidad constitucional del derecho de propiedad de las concesiones formales vigentes. Además, la falta de mecanismos de trazabilidad del oro no permite viabilizar opciones de eventuales “compradores”, como lo que se plantearía hacer con el Banco de la Nación. Así, se estaría impulsando un mecanismo de blanqueamiento del oro ilegal. Falta mucho por discutir en uno de los temas más complejos, en un contexto de avance de la criminalidad organizada y violencia al alza. El Congreso no muestra ninguna voluntad de abordar con seriedad este flagelo, estando más interesado en los votos que estarían en juego.
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