Por Luis Miguel Castilla
El Congreso nuevamente petardea las finanzas públicas. Lo increíble es que en esta oportunidad sea en complicidad con el Ejecutivo y hasta con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). De un plumazo se ha dispuesto reducir el IGV en 2 puntos porcentuales y transferirlos al Fondo de Compensación Municipal (Foncomun). Esto es, reduce los ingresos tributarios en casi 1% del PBI para duplicar el Foncomun en S/ 10 000 millones de soles. El Foncomun tiene una finalidad compensatoria dirigida a los municipios más pobres del país y, por ello, una lectura superficial de la medida sería aplaudida por muchos. Sin embargo, esta decisión, por más gradual que se haga, significa una merma a la presión tributaria que sostiene al presupuesto público.
Una norma inconstitucional con efectos fiscales preocupantes
La norma es claramente inconstitucional porque viola el artículo 79 de la Constitución al generar gasto público para los gobiernos locales, competencia que no tiene el Legislativo. Esto se suma a la casi docena de disposiciones inconstitucionales aprobadas en esta legislatura que perfora los ingresos fiscales para otorgar exoneraciones y tratamientos tributarios preferenciales para determinados sectores, lo que también resulta inconstitucional al generar gasto tributario. La prohibición de que el Congreso no tiene iniciativa de gasto no solo debe verse como gasto “presupuestario”, sino también debiera extenderse al gasto tributario que significa subsidiar a través de beneficios a diversas actividades. Esta práctica significa un costo de más de S/ 22 000 millones anuales de recursos que dejan de entrar al erario para financiar el presupuesto del sector público.
El desafío de mantener un presupuesto equilibrado
La autógrafa que estará en manos del Ejecutivo debe considerar cómo mantendrá el presupuesto con menores ingresos que equivalen a la suma del 100% del sector de Defensa Nacional y la ANIN, por graficar lo que está en juego. El MEF debe explicar cómo pretende presentar un presupuesto equilibrado en el ejercicio que está formulando de cara al año entrante, último año de Gobierno. Parece que ya se olvidó de que tiene la responsabilidad de cumplir con las reglas fiscales vigentes y de asegurar una transición ordenada manejando con prudencia las finanzas públicas. Lo que el nuevo premier ha dicho es que esta ley se promulgará de inmediato, olvidándose de su función de velar por el manejo equilibrado de las finanzas públicas.
Más recursos para los municipios pobres, pero sin debilitar al Estado
Crear más fuentes de ingresos para los gobiernos locales más pobres del país es necesario, pero no de esta manera. Si se redujera el elevado incumplimiento tributario por evasión y elusión tributaria que suma más de 7% del PBI, o se racionalizaran las exoneraciones, se podrían asignar estos recursos al Foncomun. Pero no desvistiendo a un santo para vestir a otro.
Una prueba decisiva para el MEF y la estabilidad fiscal del país
Esta es una prueba de fuego para el nuevo MEF para hacer valer sus alicaídos fueros. Reconsiderar su posición, observar esta ley e interponer una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) es lo que procede. De lo contrario, hasta la calificación crediticia del país podría verse afectada.
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