Por Luis Miguel Castilla
Uno de los móviles para la aprobación de la ley que reduce el IGV en 2 puntos porcentuales y los destina a duplicar el Foncomún es darle mayor presupuesto a los gobiernos locales del país. Queda claro el impacto adverso en las finanzas públicas en la medida en que las presiones de mayor gasto público continuarán al alza, con un Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incapaz y sin voluntad de contenerlas. No resulta coherente que el MEF diga que esta medida no tendrá impacto fiscal y, a la par, decida presentar un proyecto de ley para relajar las reglas fiscales, pasando el tope de déficit fiscal de 2.2% del PBI a 2.8% este año, lo que representa S/ 5,000 millones, lo que equivale a la reducción de un punto porcentual del IGV.
Riesgos fiscales ignorados y contradicciones del MEF
Incluso se asume que esta decisión no afectará la calificación crediticia. No se considera que un downgrade encarecería la deuda pública que el MEF tendrá que asumir para cubrir el forado. Y ni se menciona que se está yendo en dirección contraria al estándar de la OCDE de no preasignar impuestos a usos determinados, al colisionar con el concepto de cuenta única del Tesoro. Vale decir, que todos los ingresos fiscales vayan a una bolsa única de recursos que sea fungible para atender las necesidades de gasto de los tres niveles de gobierno.
Clientelismo y cálculo político en año preelectoral
Claramente, la motivación es clientelar en un año preelectoral y con un Gobierno que cree que soltando más plata podrá mantenerse en el poder lo que le queda de mandato. Dejando de lado lo anterior, el presidente de la Comisión de Economía sostuvo que finalmente el Perú avanzará en materia de descentralización fiscal y que esto dinamizará las economías locales. El problema de esta conclusión es que parece desconocer los requisitos básicos detrás de una descentralización fiscal efectiva y las falencias de la gestión pública que sufren los gobiernos municipales, cuya solución no radica en otorgar más recursos.
Descentralización fiscal sin autonomía real
Respecto a lo primero, si los gobiernos locales dependen de transferencias del Gobierno central, se generan varios problemas: baja autonomía fiscal real, ya que las decisiones locales dependen del Gobierno central; incentivos débiles para la eficiencia: si no se recaudan impuestos localmente, la ciudadanía tiene menos presión sobre sus autoridades; y una alta vulnerabilidad: si el Gobierno central cambia las reglas o reduce transferencias, los gobiernos subnacionales se verían adversamente afectados.
Subutilización del Foncomún y gestión ineficiente
Además, se desconoce el hecho de que los gobiernos municipales no han podido gastar todo el Foncomún asignado. En 2024, solo se ejecutó el 70% de dicho fondo, dejándose de gastar presupuesto de obra pública por S/ 4,000 millones. Y ni hablar de los problemas de obras paralizadas, sobrecostos, retrasos y casos de inconducta funcional y corrupción que persisten. Así, debemos preguntarnos qué problema se pretendía resolver. Porque lo que sí queda claro es el retroceso en el manejo responsable hacendario, piedra angular de nuestra estabilidad macroeconómica, al someter la sostenibilidad fiscal a los caprichos de los políticos de turno.
Conoce más en la entrevista completa publicada en El Comercio:
