Por Luis Miguel Castilla.
No se trata de defender si el contrato de concesión suscrito por la Municipalidad Metropolitana de Lima y el concesionario Rutas de Lima era necesario para la ciudad o si estuvo bien elaborado, ni de discutir sus obligaciones y retribuciones ni las condiciones bajo las cuales fue otorgada.
El tema central no es ese, sino de defender la institucionalidad que regula los esquemas de solución de controversias que todos los contratos de concesión tienen en el país. Así como todos los contratos suscritos entre cualquier entidad pública y contratista de obra.Para atraer la participación de inversión privada en proyectos de infraestructura clave son las garantías que otorga el concedente y los compromisos que asume.
¿Cómo hacer frente a las disputas?
En el caso de disputas, existen mecanismos de solución de las mismas que incluso están establecidas en la propia Constitución. Por la baja confianza que despierta el Poder Judicial (sea por su potencial parcialidad o la prolongada duración de los procesos que resuelve), los inversionistas extranjeros tienden a optar por el arbitraje internacional para dirimir sus controversias con el Estado.
Por su parte, el Estado peruano ha construido un sistema de defensa legal que le ha sido favorable en la mayoría de casos. El Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI), presidido por el MEF, ha sido muy efectivo y es reconocido internacionalmente por ser un esquema institucional que funciona y da seguridad a los inversionistas. Tan es así que la mayoría de tratados comerciales bilaterales o acuerdos para la protección de inversión suscritos por el Perú contemplan al arbitraje internacional para dirimir controversias y esa predictibilidad contractual ha alentado un crecimiento singular de la inversión privada.
Seguridad jurídica
Lo que está haciendo la Municipalidad de Lima es atentar contra esa institucionalidad y dañar con amenazas matonescas la seguridad jurídica que todo inversionista requiere. La credibilidad del Estado peruano tiene tres premisas: actuar de buena fe, cumplir escrupulosamente con los laudos arbitrales y evitar cualquier tipo de acción unilateral que viole los contratos suscritos. Las acciones del Alcalde justamente atentan contra esa credibilidad que tanto tiempo costó recuperar en el país.
Al margen de las motivaciones que se tengan en el caso de la controversia actual, no podemos darnos el lujo como país de socavar la institucionalidad que regula la solución de controversias. Los países que hacen eso se vuelven impredecibles y la inversión extranjera se va a otro lado. Ese es el principal reparo que se tiene con las acciones del Alcalde y peor aún si, como todo apunta, la consigna real es política con fines electorales.
“Esta situación es reprobable y traerá consecuencias adversas para Lima y para el país. No podemos subestimar esa realidad y menos cuando se requiere más inversión privada para salir de la recesión y cerrar brechas en el país.”
Aquí puedes leer la columna completa de Luis Miguel Castilla en el Diario Gestión:
