Por Daniela Santander y Juan José Collantes
En Perú, los hidrocarburos siguen siendo el pilar de la matriz energética, representando más del 70% de la oferta primaria, pero el futuro es incierto. El gas natural proviene casi en su totalidad de Camisea, reserva que año a año se agota. Se estima que los yacimientos actuales cubrirán la demanda por apenas los próximos 16 años. Esta situación se agrava por la caída dramática en la inversión para descubrir nuevos yacimientos debido a los altos costos y riesgos inherentes a la exploración.
El proceso de exploración, que inicia con pruebas sísmicas y culmina en perforaciones de alto riesgo (donde solo 2 de cada 10 intentos resultan en hallazgos positivos), se ve obstaculizado por problemas estructurales. Entre ellos, la baja competitividad del país: largos tiempos para obtener permisos ambientales y regulatorios, insuficiente infraestructura de transporte y regalías excesivas en comparación con otros países de la región. A esto se suma una debilidad institucional, reflejada en cambios constantes en el liderazgo ministerial y en políticas que, en ocasiones, bloquean proyectos prometedores.
Ante este panorama, surgen propuestas para reactivar la exploración, que incluyen simplificar procedimientos, garantizar derechos y adaptar el régimen de regalías a los riesgos y avances tecnológicos. Es urgente que el Estado actúe con decisión y planificación para asegurar la seguridad energética en una era de transición hacia fuentes más limpias.
