Por Carlos Gomero
En Perú, se ha popularizado la idea de que la transición energética implica simplemente aumentar la proporción de energías renovables no convencionales (ERNC). Debemos tomar en cuenta que los verdaderos responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) son el uso de suelos, la agricultura y el transporte. El sector eléctrico solo contribuye con apenas el 7% de las emisiones nacionales.
A pesar de esta realidad, se cree que una mayor entrada de ERNC reducirá automáticamente los precios para los usuarios. Influenciadas por esta opinión mayoritaria, las autoridades promueven leyes que favorecen las energías renovables. Un ejemplo es un proyecto que propone que las distribuidoras adquieran energía en bloques horarios específicos, principalmente para favorecer la tecnología solar. El caso de Chile muestra que este enfoque puede no ser efectivo. Allí, la contratación por bloques horarios no logró reducir los precios como se esperaba. En Perú, la situación podría ser similar si no se consideran los costos adicionales de mantener la seguridad y calidad del suministro eléctrico y la necesidad de nuevas líneas de transmisión.
Nuestro país no puede permitirse abandonar la senda de la competitividad. Es crucial asegurar precios de mercado y la confiabilidad del sistema eléctrico. La entrada de renovables, sin energía convencional de respaldo, no solucionará los problemas de precios previstos para 2025 debido al posible uso de diésel. La preocupación por las emisiones debe integrarse de manera razonable en una política de transición energética hacia 2030.
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