Por Luis Miguel Castilla.
Recientemente, el Pleno del Congreso de la República aprobó la derogación de una disposición del Decreto Legislativo No. 1607 que establecía acciones para la lucha contra la criminalidad asociada a la minería ilegal. Diversos líderes de opinión, incluido el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo, se han pronunciado en contra de la derogatoria en tanto significaría un retroceso en la lucha contra la minería ilegal, actividad que, en tanto genera ingentes recursos financieros, las pugnas alrededor de la posesión de los lotes que contienen el mineral genera muerte, contaminación ambiental y otros crímenes relacionados.
Expansión y desafíos de la minería informal e ilegal
Durante las últimas décadas, la minería informal e ilegal ha crecido y se ha expandido en todas las regiones del país, teniendo una mayor presencia en regiones como Madre de Dios, Puno, La Libertad y Loreto. En el caso del oro, por ejemplo, se estima que el 39% de la exportación de este metal proviene de la minería ilegal. Como respuesta a esta problemática, en 2002 se promulgó la Ley No. 27651 – Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que establecía los fundamentos para el proceso de formalización minera. En 2016, se creó el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), un mecanismo excepcional que tuvo la finalidad de encauzar esta actividad hacia la formalidad. Sin embargo, tras varios años de iniciado el proceso de formalización, el REINFO se ha convertido en una herramienta para encubrir la ilegalidad al permitir que el mineral extraído ilegalmente se transporte hacia las refinerías y luego pueda ser comercializado con un aparente marco de legalidad. ¡El 83% de los inscritos en el REINFO están en condición de suspendidos!
Impacto socioeconómico de la minería informal
Claramente, resulta un despropósito que el Congreso insista en perpetuar un mecanismo que fomenta la ilegalidad so pretexto de proteger a la población que depende de la minería informal. Si bien estimar el tamaño de la fuerza laboral empleada por la minería no formal representa un reto considerando la naturaleza de la actividad, es posible aproximar esta cifra utilizando la información brindada en la Encuesta Nacional de Hogares. Según esta estimación, 75,275 personas de la PEA fueron empleadas por el sector minero informal en 2022. Este número resulta relevante porque representa alrededor del 67% del empleo formal en el sector minero, equivalente a 113 mil personas en 2022 según la Planilla Electrónica.
Estrategias para combatir la minería ilegal
En el caso de la minería ilegal, el abordaje que se debe tomar es similar al de otras actividades ilegales, esto es, con acciones coordinadas entre la policía, la Fiscalía, etc. En cuanto a la minería informal, es necesario adoptar requisitos incrementales y razonables en costo y tiempo, pero que se cumplan a cabalidad, sin establecer prórrogas adicionales como el Congreso pretende. El Ejecutivo está obligado a observar esta autógrafa de ley.
Mira aquí la entrevista de Luis Miguel Castilla en RPP:
