Por Nicolás Besich.
A pocas semanas de terminar el año escolar 2022, que significó el retorno a las clases presenciales de más de 8.4 millones de estudiantes (6.5 millones aproximadamente a escuelas públicas y el resto a privadas), conviene revisar algunos aspectos clave del sector. Claro está que este repaso no busca ser integral, sino destacar algunos puntos relevantes por sus implicancias a futuro.
Empecemos por subrayar lo importante y urgente que era el retorno a clases presenciales. Resultaba imperativo tras prácticamente dos años de cierre total de las escuelas — en los últimos meses de 2021 solo se permitió la reapertura parcial del 20% de las instituciones educativas—. El impacto del cierre de las escuelas en los aprendizajes y en la salud socioemocional de los estudiantes ha sido ampliamente estudiado y demostrado a nivel mundial (revisar por ejemplo: acá y acá).
En Perú, si bien no hay una evaluación estandarizada y general que ilustre el estado de los estudiantes a inicios de 2022, sí se tiene los resultados de la Evaluación virtual de aprendizajes (EVA) 2021, implementada por la Oficina de Medición de la Calidad Educativa (UMC) del Ministerio de Educación (Minedu). Sus resultados, que han pasado casi desapercibidos, nos alertan ya sobre una importante proporción de estudiantes que en 2021 mostraba rezagos significativos en comprensión lectora y matemáticas. Los resultados de la Evaluación muestral de estudiantes (EME) que la UMC viene implementando en primaria y secundaria permitirán conocer la situación de nuestros estudiantes con relación a 2019, último año en que se realizó este tipo de evaluaciones estandarizadas.
Lamentablemente, las expectativas respecto a estos últimos resultados no son auspiciosas. Y es que no se identifica una política clara por parte del Minedu que priorice la recuperación de aprendizajes y el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Por el contrario, parece más centrado en atender reclamos sindicales, sobre todo de la Federación Nacional de Trabajadores del Estado (FENATE).
Abundante evidencia sugiere que la calidad de los docentes tiene un impacto sustancial sobre el aprendizaje de los estudiantes. Por ello, debe priorizarse mediante mejoras en su formación inicial y continua, y aplicando una estrategia de bienestar que apunte a la revalorización de su carrera. No obstante, la política docente es un medio para mejorar los niveles de equidad y calidad de la educación. El fin último son los estudiantes, no los docentes.
Finalmente, conviene resaltar tres aspectos que han generado cierto debate público en las últimas semanas y que deberían tener pronta solución. De lo contrario, se afectará el año escolar 2023.
El primero se refiere a la decisión de no exigir el dominio de una lengua originaria a los docentes que quieren incorporarse a instituciones educativas de Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Esto ha suscitado diversas críticas en agrupaciones de pueblos originarios y entre algunos congresistas expertos en el tema, pues pone en riesgo la educación de estudiantes ya de por sí vulnerables y con grandes brechas de acceso y calidad.
El segundo tema está vinculado a recientes declaraciones del presidente Pedro Castillo que denotan la intención de atentar contra la carrera pública magisterial. Como indica Patricia Andrade, exviceministra de Gestión Pedagógica, se debe mejorar el sistema de nombramiento docente, pero de ninguna manera renunciar al principio del mérito; pensar siempre en el beneficio y el derecho de los estudiantes.
El tercero viene de una ley aprobada por el Congreso e, inexplicablemente, no observada por el Ejecutivo. Se trata de la Ley 31498 que, bajo el pretexto de impulsar la calidad de los materiales educativos, establece que los padres de familia deben aprobarlos antes de su producción. Más allá de las justificables posiciones técnicas contrarias a esta ley, su falta de definiciones pone en riesgo la entrega de materiales educativos para 2023.
Visto lo sucedido en el último año y medio, quizá sea una utopía esperar que Ejecutivo y Legislativo dejen de lado intereses particulares y coloquen a los estudiantes en el centro de la política educativa. Sin embargo, la presencia de técnicos capaces y muy comprometidos tanto en el Minedu como en otras instancias, da un poco de esperanza de que se seguirá luchando por lograr una educación donde los estudiantes sean el fin último y no un pretexto.
