Por Janice Seinfeld.
El cáncer es un grave problema de salud pública. En el Perú, cada año se reportan 70,000 casos nuevos y 30,000 defunciones, según estimaciones de Globocan de 2020. En agosto de 2021, el Gobierno promulgó la Ley Nacional de Cáncer. ¿Su objetivo? “Garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos, indistintamente del tipo de cáncer que padezcan”. Siete meses después, se aprobó su reglamento.
La aprobación de esta ley se dio en medio de una debilitada rectoría del Ministerio de Salud (Minsa), más aún tras la pandemia de la COVID-19 y cuando las redes integradas de salud seguían sin constituirse. Además, la implementación de la ley demandaba mayores recursos y mejor gestión para ser un verdadero instrumento de protección social.
Para evaluar cuánto se ha avanzado en la ejecución de la citada ley, debemos precisar, primero, los cinco principales puntos que establece.
- Gestión de una red oncológica nacional a cargo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).
- Cobertura integral con seguro de salud (público o privado). De no contar con uno, los pacientes serán afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS).
- Gestión del recurso humano: formación y mejor distribución de especialistas oncológicos en el territorio nacional, considerando que el 73% están en Lima y el Callao.
- Mejoramiento del equipamiento e infraestructura. Hoy existen cuatro institutos especializados públicos: INEN (Lima, 1952), IREN Norte (La Libertad, 2007), IREN Sur (Arequipa, 2008) e IREN Centro (Junín, 2020).
- Implementación de nuevos mecanismos para la compra de productos farmacéuticos oncológicos como, por ejemplo, negociando y compartiendo riesgos con los laboratorios proveedores.
Priorizar la atención oncológica en el Perú demanda decisión política. Este 2023, esa decisión política vino acompañada de una transferencia de recursos desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El Programa Presupuestal de Cáncer de 2023 es más del doble que el de 2022: ha pasado de S/ 461.4 millones a S/ 1,048.4 millones.
Es destacable que el MEF haya aceptado ampliar el presupuesto. La gran incógnita es ahora si este mayor presupuesto se verá reflejado en una mejor cobertura efectiva de la población. Las principales dudas vienen por el lado de la gestión, dada la cantidad de recursos que el Estado no ejecuta y la enorme cantidad que ejecuta de forma ineficiente.
El avance en la implementación de la ley y su reglamento a la fecha es limitado. Se ha avanzado especialmente con la actualización del Esquema Nacional de Vacunación, incluyendo la vacuna contra el virus del papiloma humano, y con la elaboración del Instituto Nacional de Salud (INS) de normas para la realización de las evaluaciones de tratamiento y la reciente incorporación de una disposición complementaria transitoria que facilita el acceso a terapias oncológicas. También el Minsa estableció, en 9 unidades impositivas tributarias (UIT), el rango de cobertura para tratamientos oncológicos de alto costo. Todo lo que esté por encima de ese máximo pasará por una evaluación de tecnologías sanitarias a cargo de la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RENETSA) para que las aseguradoras decidan si financian o no dicha tecnología recomendada por la RENETSA.
Los pendientes de ejecución son, en cambio, muchos. El más importante por su impacto en el acceso a la atención es el funcionamiento de la Red Oncológica Nacional. Su adecuado accionar acercaría a las personas a servicios oncológicos que deben ampliarse sobre la marcha y que ahora disponen de un presupuesto. Literalmente, cada día cuenta.
En esta lectura agridulce del escenario actual, ¿qué tendencias observamos?
- La situación social y política nacional genera una mayor inestabilidad en los funcionarios en distintas entidades y niveles de decisión. Retarda la toma de decisiones e incrementa el temor al cambio, con lo que la implementación de la Red Oncológica Nacional está siendo muy lenta.
- Hay equipos técnicos con buena voluntad, pero frágiles por el contexto político.
- Existe financiamiento, pero hay dificultades para una eficiente gestión.
- Es posible que se forme un “cuello de botella” en la RENETSA por el inicio de trámite de las evaluaciones de tecnologías para pacientes continuadores (es decir, aquellos que ya están recibiendo tratamiento), a los que se sumarán otros expedientes contenidos. Además, la aprobación del financiamiento de nuevas terapias está sujeta a la decisión del seguro, principalmente el SIS y EsSalud, que habitualmente aplican una política de contención de costos.
Y, a mediano plazo, ¿qué tendencias observamos? Es importante la ampliación de la oferta de servicios a escala nacional. Asimismo, culminar el diseño y la puesta en marcha de un fondo de alto costo que ayude a resolver problemas en la gestión financiera. Al respecto, aunque se sabe que hay dos iniciativas legislativas en la Comisión del Salud del Congreso, la situación política actual impide tratar este tipo de temas de fondo.
Es destacable que el MEF haya ampliado el presupuesto destinado a la prevención y el tratamiento de cáncer. Pero la volatilidad en el Poder Ejecutivo y el propio sector salud puede impedir una efectiva implementación de esta ley. Los ciudadanos tenemos la palabra para cautelar una acción eficaz del Estado en esta agenda que también cobra vidas de peruanos.
