Por César Amaro.
Vivimos tiempos convulsos en el Perú y es razonable pensar que un elemento presente en la desazón social, sobre todo entre ciudadanos residentes en ciudades pequeñas o zonas rurales, es la carencia de servicios públicos para aspectos esenciales como salud, educación y seguridad. Lima concentra los servicios y la modernidad, pero el acceso a ellos depende de esfuerzos individuales que culminan en mayor gasto de bolsillo.
Una iniciativa para resolver ese reto ocurrió en 2002, con la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, que lo declara en “proceso de modernización para mejorar la gestión pública y construir uno democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano”. A su vez, en 2013 se aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP) que propuso “una gestión organizada en procesos para trasformar los insumos en productos (seguridad jurídica, normas, regulaciones, bienes o servicios públicos) para obtener como resultado la satisfacción de los ciudadanos, garantizando sus derechos y al menor costo posible”. La apuesta era cambiar el tradicional modelo de organización funcional migrando hacia uno asentado en procesos que emplean las “cadenas de valor” de cada entidad. Sin embargo, el avance real ha sido limitado.
Recientemente, se aprobó la PNMGP al 2030. Establece como situación futura deseada a dicho año contar “con bienes, servicios y regulaciones de calidad que logren resultados de política pública, basados en evidencia y que atiendan las necesidades de las personas de manera oportuna y eficiente”. Este reto ahora es más difícil de lograr por la fractura social no resuelta y el escaso avance realizado.
Un aspecto importante es cómo el Estado obtiene los bienes y servicios necesarios para los ciudadanos. Al respecto, hace pocas semanas se publicó el proyecto de Ley de Contrataciones del Estado (PL). Este instrumento busca “establecer el marco normativo que oriente la contratación de bienes, servicios y obras de manera oportuna para el cumplimiento de los fines públicos, bajo un enfoque de valor por dinero y gestión por resultados, en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”. Este tipo de iniciativas requieren adoptar en su modelamiento la esencia de la PNMGP: el enfoque de “cadenas de valor” considerando la complementariedad y la sinergia entre los diferentes sistemas administrativos y funcionales del Estado, actualmente poco alineados.
Otro lineamiento de la PNMGP es “fortalecer el desarrollo de mecanismos de integración de la programación, adquisición y administración de las obras, servicios y bienes muebles e inmuebles en las entidades públicas”. Este PL necesita promover que la contratación pública se inicie con insumos de calidad (un presupuesto alineado a una buena programación), y defina los resultados a lograr alentando la adopción de métricas para cuantificarlos. En los procesos de abastecimiento, que incluye a la adquisición, un indicador clave es el nivel de servicio a los usuarios. Este cuantifica la entrega oportuna, suficiente y cumpliendo los estándares de calidad, de bienes y servicios que atiendan las necesidades ciudadanas.
De otro lado, Perú Compras promueve el uso de la Matriz de Kraljic que, consideramos, debe orientar la estrategia de adquisiciones del Estado, pues reduce la discrecionalidad y mejora la transparencia y predictibilidad, pero sobre todo simplifica y automatiza procesos.
El PL menciona a la Plataforma Digital para las Contrataciones del Estado que “integra a toda plataforma que se utilice para salvaguardar el acceso y disponibilidad de la información sobre contrataciones”. Es importante que este instrumento tenga una clara interfase con las áreas usuarias de los procesos de abastecimiento, pues se sabe que no es suficiente una buena contratación para lograr buenos servicios.
La futura aprobación de este PL es una nueva oportunidad para que el Estado cumpla una parte del contrato social que tiene con la ciudadanía, de ofrecer servicios públicos de calidad.
