Por Luis Miguel Castilla.
La falta de cultura de prevención para mitigar el impacto adverso de los desastres naturales y la poca diligencia para gastar los recursos asignados a Gobiernos Regionales y Locales para tal fin, pasan una elevada factura económica y social, como lo ilustran las recientes inundaciones y las contingencias que traen el fenómeno climatológico que vive la costa norte y central.
De los S/ 2.200 millones que el Ministerio de Economía (MEF) asigno al programa presupuestal para la prevención de desastres naturales, se dejaron S/ 500 millones sin ejecutar el año pasado, especialmente en las regiones que hoy están más afectadas por las intensas lluvias. Durante el gobierno anterior, se descabezó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y se expulsó a todo un equipo técnico que había logrado reconstruir más de 7000 establecimientos públicos dañados por el Niño Costero del 2017.
Hay indicaciones de corruptelas en varias obras mayores, la prevención tuvo un rol secundario y no hubo un liderazgo claro que articule la acción de múltiples sectores y actores, pese a tener el acompañamiento del gobierno británico. Este recuento grafica con claridad la crisis que atraviesa la gestión pública en el país. Incluso materializar las promesas de destrabar inversiones públicas y privadas para acelerar la reactivación y el cierre de brechas bajo el slogan “Con Punche” demanda que el gobierno no se quede solo en los cambios normativos prometidos, sino que movilice la acción de los funcionarios públicos a cargo de estas importantes tareas.
Para quebrar la parálisis estatal y que se apliquen las mejoras ofrecidas en el destrabe de proyectos de inversión son fundamentales dos tareas:
- Primero, mejorar los incentivos positivos para reclutar a mejores cuadros (especialmente en los Gobiernos Subnacionales), vale decir acelerar la implementación del servicio civil y enraizar la meritocracia; y a la par reducir los desincentivos que introduce un control interno que paraliza la toma de decisiones (esto último estaría cambiando con las reformas que impulsa la CGR).
- Segundo, simplificar agresivamente los sistemas administrativos del Estado para que, sin dejar de cumplir su rol, dejen el enfoque ultra controlista y rígido que impide darle celeridad a las intervenciones públicas. Además urge asegurar que las decisiones que se adoptan al más alto nivel no sean resistidas en los niveles operacionales. Esto podría significar la aplicación de sanciones a los funcionarios que incumplen los plazos legales en el otorgamiento de permisos indispensables para la ejecución de inversiones.
En suma, sino cambia de manera radical la gestión pública, ni la disponibilidad de recursos financieros ni las órdenes que vienen desde lo alto del gobierno, no se podrán cerrar brechas y hacernos más resilientes ante los embates de la naturaleza.
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