Por Luis Miguel Castilla.
El Consejo Fiscal del Perú ha lanzado una alerta respecto a la senda ascendente del crecimiento del gasto público y el riesgo de incumplir la regla fiscal. Este incumplimiento es posible ante el menor crecimiento de los ingresos públicos por la aguda desaceleración económica que enfrenta el país y se ve reflejado en un déficit fiscal de 2.4% del PBI al mes de abril, tocando el tope del déficit permitido por la regla fiscal.
El Gobierno ha venido desplegando una política fiscal expansiva para intentar evitar una mayor caída de la economía a través de Con Punche Perú que a la fecha suma una inyección proyectada de S/ 12.000 millones o 1.2% del PBI. La mayor parte es gasto público pero también hay alivio tributario que siendo temporal, se supone, debiera dar un respiro al Tesoro una vez que se regularice la declaración del impuesto a la renta de los que se beneficiaron de ese alivio.
Lo mismo debiera pasar con subsidios y transferencias temporales. Sin embargo, es necesario que el MEF de una señal clara que ya se le acabó el espacio fiscal y que procure impulsar la inversión privada y, así, generar mayores ingresos tributarios y no corra el riesgo de incumplir el tope legal que tiene el déficit. Esto es importante para no minar la credibilidad del manejo fiscal y poder enfrentar mayores contingencias de ocurrir.
Estamos ante un inminente fenómeno de El Niño que pudiera afectar adversamente al crecimiento económico (ergo los ingresos fiscales) y ante riesgos de mayor desequilibrio por leyes que aprueba el Congreso sin financiamiento. Se planea aprobar una reforma previsional que apuesta por mayor gasto público para sostener pilares no contributivos e incentivos fiscales para propiciar un mayor ahorro previsional.
Todo esto compromete mayores egresos sin mayores ingresos fiscales que lo financien. Hay mayor gasto público que está plenamente justificado (como la atención a la epidemia del dengue y apoyo a las familias más vulnerables) pero mucho que no se justifica y se aprovecha de la coyuntura para presionar por mayores remuneraciones, ajustes a las pensiones, megaproyectos de infraestructura (que privilegian la obra pública) muy costosos y en general se crea la expectativa de que no existe una restricción presupuestaria.
Lo cierto es que ya el Gobierno no puede seguir gastando con la misma intensidad si los ingresos fiscales están a la baja. Esta alerta no significa que se vaya a poner en riesgo la calificación crediticia por los moderados niveles de deuda respecto al producto que tiene el país; sin embargo, ya tiene que moderar la política fiscal expansiva y más bien hacer todo lo posible por acelerar el crecimiento.
Por ejemplo, nuevos proyectos mineros siguen entrampados por permisología asfixiante y la adjudicación de APP sigue afectada por la inseguridad jurídica y falta de agilidad del Estado. No se puede arriesgar la credibilidad del manejo fiscal que tanto costo desarrollar.
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