Por Luis Miguel Castilla.
Resulta curioso observar la proactividad mostrada por la actual gestión del MEF desde hace once meses. Dos versiones de Con Punche Perú, dos pedidos de facultades legislativas y dos créditos suplementarios. Y ahora un nuevo plan de reactivación llamado “Unidos” por el cual el MEF estaría usando la bala de plata que le queda para generar confianza y acelerar la recuperación económica tras la recesión que experimenta el país.
Esto trae tres inquietudes o dudas inmediatas: 1. No funcionó todo lo hecho entre diciembre del año pasado y octubre de este año. 2. ¿Por qué recién ahora se utiliza la bala de plata con medidas que perfectamente hubiesen podido ser anunciadas e implementadas hace meses (mínimo en 28 de julio)? Y 3. ¿Qué pasará si este nuevo Plan no funciona (o tiene una efectividad limitada como los otros intentos previos)? Esta última preocupación no es trivial, pues de no ser implementado del todo o no ser suficientemente exitoso en un contexto de Niño fuerte (50% de probabilidad según el Enfen), no habría un rebote y la recuperación esperada del crecimiento del PBI de 3% el año entrante no se daría.
Evitar un escenario de un crecimiento de 1% el 2024 demanda que la inversión privada se recupere y aquí viene el análisis de la efectividad de lo anunciado para mover las expectativas empresariales y recuperar la confianza. Lo positivo es que el plan intenta encarar algunas de las preocupaciones de los gremios empresariales en sectores clave como minería y agroindustria y pone un menor énfasis en solo inyectar recursos públicos. Además, pone el acento en la necesidad de encarar los costos de transacción que traban los proyectos.
Lo malo es que, en algunos casos, la efectividad será limitada, como la ampliación del crédito subsidiado al no poder llegar a una masa crítica de deudores cuya capacidad de pago se ha visto mermada por la recesión. El riesgo es que los cambios normativos que requieran de la aprobación de leyes se toparán con legisladores más prestos al populismo o a una agenda de resucitar la industria con alivios tributarios que han sido infructuosos en el pasado. Peor aún, los municipios se han vuelto un escollo significativo para acelerar permisos y licencias, e imponer silencios administrativos positivos puede toparse con la defensa de su “autonomía” (la reciente derogación de la ley que limitaba la modalidad de administración directa de obras así lo demuestra). Por último, muchas medidas para agilizar la acción estatal dependen de la diligencia que muestre la burocracia que puede temer “favorecer al privado”. En el caso de la inversión minera, la optimización de los opinantes será un ejercicio que demandará un arduo trabajo para que las entidades públicas no se enfrasquen en defender sus fueros o su accionar sea limitado por sesgos ideológicos.
La tarea futura será ardua para lograr resultados. Ojalá que Unidos funcione porque persisten dudas fundadas sobre su efectividad que solo sabremos en el tiempo.
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