Por Luis Miguel Castilla.
Esta semana comienza el debate del Presupuesto del 2024 en el Congreso de la República, el cual debe aprobarse antes de que termine el mes. En lugar de verificar el impacto que están teniendo las partidas presupuestarias, especialmente para financiar las obras públicas, los congresistas (y en realidad la mayoría de entidades públicas) pujan por la inclusión de mayores recursos públicos para beneficiar a sus regiones o pliegos.
Proyectos de inversión pública
El anexo 5 de la ley de presupuesto, que contiene el listado de proyectos de inversión pública, tiende a ser el rubro que mayor atención genera y en el que se negocian proyectos por votos para aprobar el proyecto de presupuesto. El móvil de la negociación no es la voluntad de cerrar brechas sino una competencia por recursos con miras clientelistas y muchas veces para saciar la voracidad de autoridades locales y regionales (aupadas por contratistas inescrupulosos que solo piensan en la tajada que pueden sacar). Este ritual se ha venido exacerbando a lo largo de los años por gobiernos débiles que usan el presupuesto público para “comprar respaldo político” sin interesarse por el impacto de esas inversiones en la mejora de la calidad de vida de la población.
Sin monitoreo real
Parte del problema de estas penosas prácticas es que no existe un monitoreo real del impacto de la inversión pública en el cierre de brechas. Tradicionalmente, la métrica más utilizada para medir “calidad” o “eficiencia” es el avance en la ejecución de las partidas presupuestales. Sin embargo, esta medición puede ser altamente engañosa de una gestión eficiente o efectiva en cerrar brechas al dejar de lado deficiencias de otras fases del ciclo de inversión pública que va desde el planeamiento y formulación, pasando por la licitación y contratación de obras hasta los mecanismos de ejecución y el cierre de obras y la operación y mantenimiento de la infraestructura.
Cierre de brechas
La ejecución de la inversión pública no refleja la elevada desconexión que existe entre el planeamiento y el cierre de brechas pese a que supuestamente el invierte.pe fue diseñado con ese propósito. Peor aún, no se hace un seguimiento sistemático de sobrecostos, plazos excedidos, obras paralizadas, la dependencia excesiva en la modalidad de administración directa, la baja transparencia, la liquidación de obras, entre otros. Al incluirse estas dimensiones, la foto cambia significativamente. Así tenemos regiones que lideran el ranking de ejecución de la inversión pública pero que caen significativamente al tomarse en cuenta estas consideraciones. De igual modo, tenemos otras que mejoran su posición relativa al ampliarse la medición para incluir todos los eslabones del ciclo de proyectos.
Índice Regional de Eficiencia en la Inversión Pública
Es así como a partir de esta semana, Videnza Instituto publicará el Índice Regional de Eficiencia en la Inversión Pública (IREI) en alianza con El Comercio cada tres meses. El IREI pretende informar a la opinión pública sobre las falencias de la gestión de las inversiones y motivar a que las autoridades tomen los correctivos del caso.
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