Por Luis Miguel Castilla.
Solo cuando suceden eventos dramáticos o siniestros mediáticos, las autoridades reaccionan reactivamente (o aparentan hacerlo) ante la presión de la opinión pública. Este es el caso ante el criminal ataque sufrido por Compañía Minera Poderosa y las lamentables víctimas mortales de la violencia del crimen organizado y la minería ilegal. Desde enero de este año, la provincia de Pataz en La Libertad está bajo estado de emergencia y esto no ha disuadido a que bandas criminales sigan campantes ante la inefectividad de las fuerzas del orden y la parálisis institucional que permite que la criminalidad avance.
Formalización fracasó
Esta situación ha sido exacerbada por un proceso de formalización de la minería que ha fracasado y que ha dotado de un “escudo legal” para que los mineros ilegales sigan operando y moviendo enormes recursos ilícitos que superan al narcotráfico y otras actividades criminales. El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) que tiene inscritos a 85,000 mineros ha provocado que el 64% de los mineros informales esté operando en concesiones formales de terceros. Y pese al incumplimiento de los requisitos mínimos establecidos (tener vigentes instrumentos ambientales especiales, RUC, registro de bienes fiscalizados y declaración jurada de producción minera), el Congreso ha otorgado 4 prórrogas a un régimen temporal que se supone vence el año entrante. Es de público conocimiento que hay congresistas que representan los intereses de los ilegales y que apañan estas extensiones de plazo que han dado licencia para actuar ilícitamente bajo un manto de legalidad mal utilizada.
Narcominería
Peor aún, se ha venido configurando una “narcominería” en la que bandas criminales no solo venden sus servicios de seguridad sino que están al acecho de hacerse del negocio ante la incapacidad del Estado de reaccionar (y ante la complicidad de ciertas autoridades locales, fuerzas del orden y la Fiscalía). Así tenemos que la minería ilegal está moviendo más recursos que los otros ilícitos combinados ante los precios elevados del oro, por ejemplo, y es la principal fuente de lavado de activos en el país, según la UIF. Esta actividad está presente en casi todas las regiones del país y ocupa más de 85 millones de hectáreas y cerca de medio millón de personas dependen de esta actividad.
Sentido de urgencia
La solución no puede solo ser de índole policial o de eventual militarización de las zonas más afectadas o de mayores sanciones penales. Involucra también una estrategia integral que cierre el REINFO, redefina competencias entre entidades fiscalizadoras y las direcciones regionales a cargo de la pequeña minería y la artesanal; establezca una supervisión de toda cadena productiva incluida las fundidoras y la comercialización para tener una mayor trazabilidad de la producción ilegal; asegure un mayor control de insumos químicos y venta de explosivos; y dote de mayor presencia estatal en zonas liberadas; entre otros. Lo más urgente es que las autoridades actúen con sentido de urgencia ante esta terrible crisis.
