Por Luis Miguel Castilla.
Luego de escuchar el discurso del Premier Adrianzén ante el Congreso de la República para solicitar el voto de investidura pareciera que se apuesta por una receta convencional de realizar múltiples anuncios de proyectos en diversos sectores para acelerar la recuperación económica y adoptar medidas para luchar contra el principal flagelo que enfrentan los peruanos: la inseguridad ciudadana.
Solicitudes legislativas y prioridades económicas
Para no perder la costumbre se solicita también un pedido de delegación de facultades legislativas en los mismos temas que la presidenta Boluarte anunció en su último discurso de 28 de julio. En materia económica, se enfatiza la necesidad de adoptar un plan de austeridad fiscal, acelerar la adjudicación de proyectos de asociación público privada, viabilizar proyectos mineros, relanzar el Plan Nacional de Competitividad y cerrar brechas en diversos sectores, entre otros. Es evidente que lograr efectividad en estos anuncios debiera ser lo distintivo para hacer la diferencia con la gestión anterior, que solo se quedaba en la retórica y mostraba escasos resultados. A favor tiene este gabinete una aparente mayor convicción por impulsar la inversión privada, una menor adicción al gasto público y, en general, mayor pragmatismo para concretar proyectos de inversión pendientes.
Omisiones y desafíos institucionales
Dicho lo anterior, hay algunas sendas omisiones en el discurso del Premier, empezando por el detalle de para qué se solicita facultades nuevamente, cuando el problema central radica en la inestabilidad política, la desinstitucionalización de la función pública y las deficiencias para gestionar inversiones o emprendimientos privados dentro del marco normativo y jurídico actual.
Necesidad de cambios estructurales
De otro lado, persiste la creencia que aprobando cambios normativos se genera confianza automáticamente. Salvo que se retomen reformas de fondo en temas centrales como la descentralización, el ámbito laboral, se adopten medidas para mejorar la productividad, etc., todo lo anunciado resulta insuficiente para retomar con mayor ímpetu la confianza y el progreso a un paso más rápido. Es indudable que esa agenda de reformas requiere de grandes consensos y de un gobierno fuerte que tenga capital político para liderar e impulsar los cambios que el país necesita. Dado que eso está ausente hace mucho tiempo, debemos conformarnos con propuestas bien intencionadas pero que no encaran los problemas estructurales que nos aquejan. Y la responsabilidad no es solo del Ejecutivo, sino de todos los poderes del Estado que más bien se encuentran concentrados en sus propios móviles y en conflictos que no tienen cuando terminar. Es probable que se obtenga el voto de confianza, pero no será por las ideas expuestas, sino probablemente por los acuerdos políticos que se hayan pactado para poder llegar al 2026 y permanecer en el poder.
Mira aquí la entrevista de Luis Miguel Castilla en RPP:
