Por Luis Miguel Castilla.
Estamos en un país en el que se aprueban leyes y normas que no favorecen a la mayoría de peruanos y que, cada vez más, distan de constituir buenas políticas públicas, muy por el contrario. Una buena política pública debiera definir con claridad cuál debiera ser el objetivo deseable para la sociedad e identificar quiénes son los que se benefician de esa intervención pública; debiera contar con una base de evidencia que asegure su idoneidad y efectividad; debiera contar con un análisis que pondere los costos y beneficios; debiera identificar los arreglos institucionales que aseguren la implementación de la política, así como contar con esquemas de evaluación que permitan saber si se cumplieron los objetivos planteados con fines de aprendizaje futuro. Estas premisas las definen las mejores prácticas adoptadas en los países desarrollados y se sintetizan en los estándares de la OCDE, institución a la que el Perú pretende adherirse.
Legislación deficiente: Prioridades distorsionadas
Lamentablemente, las normas que aprueban legisladores y, con mayor frecuencia, el Ejecutivo, van exactamente en la inversa de lo que debería ser. En los últimos días y semanas hemos sido testigos de la promulgación de muy malas políticas públicas. En el ámbito previsional, educativo, de salud, minería ilegal, laboral y financiero se legisla con los pies. Priman intereses individuales y subalternos, se ignoran las observaciones técnicas de las entidades especializadas y el populismo más desvergonzado cunde.
Impacto devastador: El caso del sistema previsional
Así tenemos que el sistema previsional privado ha sido perforado a tal nivel con retiros regresivos que dejan como herencia una situación de nula cobertura a futuro (ni qué decir de sus impactos inmediatos financieros). Peor aún, el Congreso no quiere discutir una reforma del sistema de pensiones que urge para dar mayor cobertura y alcanzar al 70% de peruanos que vive en la informalidad. Probablemente la mayoría de congresistas aspire a habilitar nuevos retiros de los saldos que quedan y así ser uno de los pocos países en el mundo sin cobertura previsional.
Educar en retroceso: El deterioro de la meritocracia
Otro ámbito de retroceso tiene que ver con el tiro de gracia que se le da a la meritocracia en la carrera pública magisterial. El nombramiento de un número desconocido de docentes interinos que no lograron ingresar a la carrera meritocrática condena a que nuestros niños no tengan acceso a docentes aptos. Esta nueva ley aprobada por insistencia por el Congreso se vende como una reivindicación a los derechos de maestros pero ignora que los logros de aprendizaje de nuestros alumnos de educación básica están en franco declive con consecuencias perniciosas para la productividad laboral futura y la aspiración de una mayor movilidad social. Hay muchas regiones del país en las que solo uno de cada diez niños aprueba los exámenes de matemáticas.
Consecuencias desoladoras: El costo del descuido colectivo
Estos casos grafican una dramática realidad en la que muy malas políticas públicas nos condenan a retroceder y en el que el bienestar colectivo poco importa para los políticos y legisladores que desgraciadamente tenemos.
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