Por Luis Miguel Castilla
Las cifras de pobreza monetaria que finalmente fueron reveladas ayer por el INEI muestran un país que retrocede en el bienestar de su población, incluso a una situación parecida a la de la pandemia. Frente a 2019, tenemos 3,3 millones de peruanos más que no cuentan con suficientes ingresos para hacer frente al costo de la canasta básica de consumo. En el ámbito urbano, la pobreza alcanzó una tasa de 26,4 % de la población, 11,8 puntos porcentuales por encima de lo registrado en 2019. Solo en Lima, la pobreza se ha más que duplicado. Por su parte, la población en situación de pobreza extrema afectó a 1 millón 922 mil personas, cifra mayor incluso que la registrada en el peor momento de la pandemia. Para completar esta lamentable fotografía, el 31,4 % de la población está en riesgo de caer en situación de pobreza si pierde su empleo o sufre una enfermedad catastrófica. Esto quiere decir que en el Perú de hoy, seis de cada 10 peruanos son pobres o vulnerables, situación similar a la que teníamos hace 13 años.
Impacto de la recesión y el aumento del costo de vida
Es evidente que el incremento en el costo de vida que duró casi tres años y la recesión del año pasado explican esta penosa situación. La responsabilidad no solo recae en factores externos, como lo recalcan las autoridades, sino en su incapacidad de crear las mínimas condiciones que habiliten acelerar la inversión privada. Recordemos que cuando la inversión privada crecía a doble dígito, la pobreza caía en promedio un 4% cada año al generarse una significativa demanda de empleo. En los últimos dos años, la inversión privada se contrajo y el mercado laboral se precarizó. Dada la naturaleza urbana de la pobreza, la receta radica en acelerar el crecimiento económico y no conformarse con una tasa mediocre que solo retrasaría años recuperar el tiempo perdido. Pensar en ampliar el alcance de los programas sociales a las ciudades es demasiado costoso, con un padrón difícil de manejar que se prestaría a un uso clientelar.
Responsabilidad de los tres niveles de gobierno en el cierre de brechas sociales
El ámbito donde la responsabilidad recae plenamente en los tres niveles de gobierno es en el cierre de brechas sociales. Pese a contar con presupuestos “históricos”, la incapacidad y desidia de las autoridades se torna patente. En el sector educación, aumentaron los estudiantes de segundo grado de secundaria que no alcanzaron los objetivos de aprendizaje en Lectura y Matemática, alcanzando el 81,6% y el 88,7%, respectivamente. Además, la población sin acceso a agua gestionada de manera segura alcanzó el 73,7%. Respecto al acceso al paquete integrado de servicios básicos con agua, saneamiento, electricidad, telefonía móvil e Internet, no está disponible para el 83,5 % de la población del departamento de Puno, por ejemplo. Lo mismo ocurre con los departamentos de Ucayali (83,1 %), Loreto (82,8 %) y Huancavelica (81,1 %).
La urgencia de tomar acción para encarar la situación
Urge tomar acción para encarar esta situación que solo alimenta la frustración de una población enajenada que ve con desesperanza el futuro y que nuevamente puede caer tentada por promesas políticas que no aseguran mejoras en su bienestar.
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