Por Luis Miguel Castilla
El Tribunal Constitucional (TC) es una de las instituciones clave de nuestra democracia y del cabal cumplimiento de la Constitución que nos rige los últimos 30 años. Cuando hay vulneraciones a los derechos fundamentales de los peruanos, el TC los resguarda. Cuando hay controversias competenciales entre los poderes del Estado, el TC las dirime. Cuando hay vulneraciones de la Carta Magna, el TC dicta sentencias haciendo respetar la Constitución, y lo mismo ocurre cuando hay fallos judiciales que no se ajustan a ley. Estas responsabilidades son críticas para mantener un Estado de derecho y preservar la seguridad jurídica, pilares esenciales de nuestro modelo económico.
Controversias recientes en fallos macroeconómicos
Sin embargo, hay fallos recientes (y algunas sentencias en curso) que empañan la gran responsabilidad que tiene el TC de velar por el escrupuloso cumplimiento de la legalidad constitucional. En materia macroeconómica, el fallo más controversial y perjudicial para mantener el equilibrio de las cuentas públicas es la insistencia en dejar la puerta abierta para que el Congreso apruebe leyes con iniciativa de gasto para ejercicios fiscales futuros. Desconocer que leyes que aumentan el pago de planillas o de pensiones en un año y no a futuro, al ser un gasto permanente, no resiste el mínimo control técnico ni siquiera el sentido común. Aprobar erogaciones presupuestarias sin el debido financiamiento es el conducto más rápido para perder el grado de inversión, especialmente tomando en cuenta la voraz irresponsabilidad del Congreso y la mayúscula debilidad del MEF para contener el populismo legislativo.
Desafíos en la protección de la seguridad jurídica y derechos de propiedad
Por el lado de la seguridad jurídica, factor clave para sostener la inversión privada, hacer respetar los fallos del TC en materia de derechos de propiedad es una tarea fundamental, especialmente en un contexto en el que se viene quebrantando la seguridad jurídica ante el desconocimiento de contratos y laudos arbitrales. El reciente caso de la empresa Agrícola Cerro Prieto (ACP), en la que se pretende desconocer sus derechos de propiedad sobre las tierras donde se ubica su infraestructura de irrigación en un control de ejecución de sentencia ante el TC, reviste de vital importancia no solo para la empresa y las millonarias inversiones realizadas, sino para el deseo del Gobierno de aumentar la frontera agrícola del país a través de la incorporación de 120,000 hectáreas adicionales de tierras irrigadas. Si no se pueden garantizar los derechos de propiedad en contratos suscritos por el Estado peruano, será imposible captar el interés de inversionistas para materializar su apuesta por nuestro agro. Este fallo debe ser muy escrupuloso en el cumplimiento de las diversas sentencias emitidas a favor de ACP. Muchos inversionistas estarán muy atentos al poder constituirse en un precedente que podría ser nefasto para la atracción de inversiones en el Perú. Estamos, pues, ante importantes sentencias en las que el impacto de las decisiones del TC pone en juego el desarrollo del país. Estemos atentos.
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