Por Luis Miguel Castilla
Entramos a la recta final para el debate y la aprobación de la ley de presupuesto del 2025. Todavía la Comisión de Presupuesto no ha logrado aprobar el dictamen de dicha ley por no haber sido capaz de llegar a un consenso con el MEF respecto a un mayor control que el Legislativo quisiera tener sobre las modificaciones que se hacen a lo largo del año a la ley de presupuesto. Invocando el artículo 80 de la Constitución, que le atribuye esa competencia al Congreso, se pretende rigidizar el manejo hacendario. Por ejemplo, si se concerta a lo largo del próximo año un endeudamiento externo para financiar un determinado proyecto de inversión, y hoy no hay plena certeza de que eso vaya a ocurrir, el Gobierno tendría que presentar una nueva ley al Congreso para que se apruebe la introducción de ese marco presupuestario de financiamiento. O si determinado ministerio quisiera transferirle recursos a un gobierno regional o municipio, tendría que ocurrir lo mismo. El meollo del asunto es que el Congreso quisiera tener al MEF presentando múltiples proyectos de ley a lo largo del año para así poder presionarlo por mayor gasto público. No se trata de una súbita mayor intención de fiscalización.
El dictamen: una aprobación forzada bajo presión
El dictamen se aprobará eventualmente ante la proximidad del plazo tope legal y la discusión se trasladará al pleno. Anticipamos dos días de lectura por parte de legisladores de una avalancha de pedidos de inclusión de iniciativas de gasto, facultad que no tiene el Congreso. Lamentablemente, en esta ocasión, el hecho de que el Tribunal Constitucional haya interpretado laxamente esta prohibición hará que los congresistas se sientan facultados para presentar incrementos en escalas remunerativas y en plazas de personal en entidades públicas y una infinidad de nuevos proyectos de inversión pública que no lograron ingresar al dictamen.
Modificaciones legislativas que comprometen la sostenibilidad fiscal
Si bien el Parlamento no puede aumentar los topes de gasto aprobados por el Ejecutivo, sí puede introducir modificaciones y disposiciones que generan presión futura de gasto adicional. Así, tendremos mucho gasto aprobado en la ley sin contar con una fuente de financiamiento y una incapacidad del MEF de atenderlo sin violar aún más sus reglas fiscales o topes al déficit fiscal. La manera de corroborar estos cambios será comparando el proyecto de ley presentado en agosto con la ley que sea publicada en diciembre. Esas diferencias en los anexos y la contabilización del mayor gasto por la incorporación de nuevas disposiciones complementarias finales en el texto sustitutorio que se vote, permitirán dimensionar la farra fiscal que el Congreso engendrará y que el MEF no podrá contener.
Un gobierno débil y una agenda política que prioriza intereses electorales
A este gobierno poco le importa la responsabilidad fiscal y más bien cederá a todas las presiones con miras a obtener algo de oxígeno para seguir en el poder. Peor aún si ahora hay reelección parlamentaria, los móviles políticos serán más significativos que en el pasado. Estamos advertidos de una semana durante la cual se seguirá vulnerando nuestra fortaleza fiscal.
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