Por Luis Miguel Castilla
Hoy se está discutiendo en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República diversos proyectos de ley para formalizar a la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en medio de protestas de mineros informales y bloqueos de carreteras a lo largo del país. La pretensión es la prórroga del Reinfo por dos años más y, así, seguir dándole carta blanca a los mineros ilegales para que sigan operando con total impunidad en el país.
Consecuencias de la falta de estrategias del Ejecutivo
La tardía presentación de la propuesta del Ejecutivo le valió, entre otras cosas, la censura al ministro de Energía y Minas (Minem). El Congreso parece predispuesto a darle un plazo adicional a un registro que ha probado ser totalmente inefectivo para formalizar a la MAPE (solo 2% de los inscritos en el Reinfo desde el 2016). Si bien el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo tiene algunos aspectos positivos, es deficiente en algunos temas centrales, como no definir una estrategia de formalización integral, incluso cuando los expedientes vencidos pasen bajo la competencia del Minem cuando se venzan todos los plazos legales. Además, sigue manteniendo la competencia de fiscalización en los gobiernos regionales. Estos últimos no solo carecen de los recursos y las capacidades suficientes, sino que son más proclives a ser capturados por intereses ilícitos.
Modificaciones que debilitan el proceso de registro
Peor aún, los congresistas están realizando modificaciones que debilitan el proceso de registro, tales como:
- Retiro de la condición para permanecer en el Reinfo, de contar con autorización o trámite para uso de explosivos.
- Retiro como causal de exclusión del proceso de formalización, el hecho de haber sido denegada la inscripción en el registro de insumos químicos y bienes fiscalizados.
- Retiro del llamado expreso a fiscalías y policía para garantizar el cese de actividades de quienes hayan sido excluidos del proceso de formalización.
- Retiro de la exigencia de no estar invadiendo los ámbitos de un instrumento de gestión ambiental de un tercero para poder permanecer en el proceso de formalización.
- Mantiene un eventual proceso de formalización a plazo indeterminado, ya que primero señala 1 año prorrogable por un año adicional, y luego vincula dicha transitoriedad a la necesidad de tener aprobada una nueva Ley MAPE (esto dependerá de la voluntad del Congreso).
- Incluye como excepción a la obligación de levantar la causa por la que un informal estuviera suspendido, cuando este hubiera iniciado un procedimiento de modificación.
Complicidad entre actores políticos y la minería ilegal
Esto confirma la perversa alianza entre un grupo multipartidario de congresistas con la minería ilegal ante la permisividad del Ejecutivo. Lo que importa para algunos son los móviles político-electorales; para otros, lo que manda son sus lealtades con las economías criminales que crecen en el país sin ninguna respuesta efectiva del Estado.
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