Por Luis Miguel Castilla
Estamos a 12 meses de la realización de la primera vuelta de las elecciones generales, y lo que será una constante en este período será la incertidumbre. Típicamente, los meses previos a una elección se paralizan muchas decisiones de inversión si se percibe que los resultados de una elección pudieran dar pie a propuestas antisistémicas. Esta situación ya está incorporada en las proyecciones macroeconómicas.
Riesgos externos aumentan: guerra comercial y volatilidad financiera
En esta ocasión, sin embargo, hay flancos nuevos y algunos persistentes que podrían hacer que se repita el deterioro de las expectativas pese a la recuperación reciente de los últimos meses. Lo nuevo es la agudización de la guerra comercial entre las potencias globales, con resultados imprevisibles. La volatilidad financiera que hemos visto la última semana se asemeja a la observada cuando iniciaron crisis externas de envergadura, como la pandemia o la crisis financiera global del 2008.
La incertidumbre global amenaza el crecimiento económico nacional
La gran dependencia que tenemos de variables externas como el crecimiento global o los precios de los commodities que exportamos hace ver que la incertidumbre comercial será un frente serio que persista. Los 90 días de tregua anunciados por Trump no han sido suficientes para detener el miedo de una recesión global ante la escalada arancelaria con China. Tenemos fortalezas y la afectación directa será acotada, pero lo que se ha instalado es una sensación de incertidumbre que nos puede mover el piso.
Obstáculos internos: parálisis estatal y miedo a decidir
En el plano interno, dos aspectos resultan críticos en el año final del gobierno de la presidenta Boluarte y que podrían jugar en contra del intento del MEF de acelerar la inversión y desregular la economía: la parálisis de la administración pública y que se exacerbe la dominancia de una agenda clientelar del Congreso. El temor de los funcionarios públicos de tomar decisiones persiste. El impacto tan negativo que ha dejado la Contraloría con su esquema sancionatorio desincentiva severamente la toma de decisiones y limita el ejercicio de la discrecionalidad, clave para darle pase a inversiones que esperan la aprobación de permisos y suscripción de adendas de contratos de concesión próximos a vencer. Peor aún, no hay garantías de un sistema que administre la justicia de manera eficiente, proba y despolitizada, y que evite la persecución desproporcionada de funcionarios honestos.
Clientelismo y populismo agravan el entorno político y económico
El segundo flanco es que todo hace pensar en un desborde de clientelismo y populismo de parte del Congreso con el amén del Ejecutivo. La escalada de interpelaciones y la mayor movilización social con paros permiten prever un entorno menos amigable a la inversión. Muchos de los cambios planteados por el MEF dependen de la voluntad de los políticos, tanto del Congreso como de municipios que en muchos casos han hecho de la extorsión una práctica común. Además, está la fragmentación política y la falta de propuestas de los que nos pretenden gobernar. El gobierno, con su inoperancia, ha dejado el campo libre a posiciones extremas, y esto podría exacerbar aún más la incertidumbre en la recta final hacia las elecciones.
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