Por Luis Miguel Castilla
El nuevo Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) enfrenta importantes desafíos que pondrán a prueba su capacidad política y su reconversión de ministro sectorial a conductor de la política económica del Gobierno. Estos retos se centran en mantener la estabilidad en materia fiscal y cumplir con la previsión de un crecimiento económico de 3,5 % para este año. El mayor desafío será reducir el déficit fiscal (y cumplir con las reglas tras dos años de incumplimiento) en un entorno de populismo legislativo, presiones de gasto público, contingencias de todo tipo (incluido un posible nuevo pedido de salvataje de Petroperú), entre otros.
Un entorno político adverso y con presiones múltiples
Todo lo anterior en un contexto de ineficacia gubernamental para lidiar con problemas graves como la violencia desatada por la mayor presencia de las economías criminales. Recordemos que la inoperancia del Gobierno tras los repudiables hechos de Pataz provocó la caída de Adrianzén. A futuro se prevé una relación más tirante con las bancadas del Congreso que le han dado hasta la fecha soporte al régimen. El voto de investidura del “nuevo” gabinete y la reacción del Legislativo ante un nuevo pedido de facultades legislativas serán un buen termómetro de lo que se viene, situación que condicionará el margen de acción del nuevo MEF.
Descoordinación y pugnas dentro del Ejecutivo
Además, la falta de coherencia en las políticas gubernamentales, las contradicciones al interior del Ejecutivo y la opacidad de la presidenta Boluarte podrían afectar la recuperación de las expectativas empresariales. Una de las versiones que ha trascendido tras la remoción de Salardi serían las crecientes desavenencias que tuvo con otros miembros del gabinete. Tal es el caso de la extinción de programas de inversión pública de diversos ministerios y su transferencia al ANIN. La forma en que se tomó esa decisión parece haber sido inconsulta con otros sectores. Y, en el fondo, se estarían produciendo pugnas de poder ante la eventual pérdida de discrecionalidad en el manejo de recursos presupuestales y cuotas de poder. A esto se suman fricciones respecto a la forma en que se aprobó la nueva ley de asociaciones público-privadas, producto de un acuerdo entre el MEF y el Congreso, y no a través de los conductos regulares; vale decir, con la aprobación formal del Consejo de Ministros.
Prioridades inmediatas del MEF: confianza, pensiones y presupuesto
En el más breve plazo, los principales retos del MEF incluyen: i) establecer una relación de confianza con los gremios empresariales, para lo cual deberá imprimirle velocidad al shock desregulador; ii) reglamentar la Ley de reforma previsional para intentar disuadir al Congreso de aprobar un octavo retiro de los fondos privados de pensiones; y iii) establecer los techos de gasto que den inicio a la formulación del presupuesto del sector público para el 2026 (asignación compartida con la gestión presidencial entrante). Esto definirá la prioridad real respecto de la consolidación de las cuentas públicas y el apego a la disciplina fiscal. Esto último será visto con lupa por las agencias de rating crediticio.
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