Por Luis Miguel Castilla
El reciente proyecto de ley que propone permitir la deducción de las extorsiones como gasto en el Impuesto a la Renta es, sin exagerar, una de las iniciativas más desconcertantes que ha visto el Congreso en los últimos años. Bajo el pretexto de aliviar la carga de los empresarios víctimas del crimen, la propuesta termina por legitimar la extorsión.
Contradicción con los principios del sistema tributario
Aceptar que una extorsión sea un gasto deducible equivale a reconocerla como parte natural del costo de hacer negocios en el Perú. En otras palabras, se institucionaliza el delito. La medida contradice el principio básico del sistema tributario, que solo permite deducir gastos necesarios, razonables y lícitos para generar renta. Ninguna extorsión cumple esos criterios. Por el contrario, abrir esa puerta significaría facilitar la evasión y el fraude fiscal, pues sería imposible comprobar la veracidad de los supuestos pagos a criminales.
Un Congreso sin idoneidad ni rumbo
Más allá de lo absurdo del planteamiento, este episodio también revela la urgente necesidad de mejorar la idoneidad profesional de quienes legislan. El actual Congreso ha causado un daño profundo a la sociedad peruana. Su ejercicio del poder ha degradado la institucionalidad, distorsionado la economía y erosionado la confianza pública. Desde censuras y nombramientos arbitrarios hasta leyes inconstitucionales y populistas, el Parlamento ha convertido su función de control en un instrumento de revancha y cálculo político.
Consecuencias de la improvisación legislativa
Las normas improvisadas han debilitado la calidad regulatoria del país y desalentado la inversión. En lo social, la falta de idoneidad profesional y el discurso confrontacional han polarizado al país y trivializado el debate democrático. Más que un órgano de representación, el Congreso se ha vuelto símbolo de parálisis y descrédito. Su mayor daño no es una ley puntual, sino haber hecho que los ciudadanos dejen de creer que la política puede servir al bien común.
La necesidad de un Congreso competente y sensato
El próximo Congreso debe elevar drásticamente su nivel técnico, ético y de comprensión económica, y el país necesita fortalecer su calidad regulatoria como requisito básico para reconstruir la confianza institucional. Solo con legisladores competentes y normas sensatas se podrá dejar atrás el populismo normativo que hoy degrada al Estado y debilita la democracia.
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