Luis Miguel Castilla
La economía nacional ha experimentado un franco proceso de recuperación el primer semestre del año, mostrando una gran resiliencia luego de la dramática recesión del 2020. La progresiva reanudación de la mayoría de las actividades económicas tras las restricciones sanitarias impuestas por el control de la pandemia, la disponibilidad de crédito para la actividad privada y un contexto externo muy favorable explican la notable recuperación registrada. Sin embargo, la reactivación se ha visto abruptamente interrumpida por el colapso en las expectativas empresariales ante la incertidumbre y los temores que despierta el nuevo Gobierno. Así, se están ajustando a la baja las proyecciones de crecimiento económico y se duda que se vayan a cumplir los pronósticos oficiales.
En este marco, y tomando en cuenta que estamos a poco más de un año de la realización de elecciones de nuevas autoridades regionales y locales, se hace necesaria tener una visión más precisa de cómo se está dando la recuperación económica al interior del país. Es previsible que la sensación de bienestar económico de la población determine en parte las preferencias electorales de las regiones. Evidentemente hay otros factores que condicionan al elector, tales como su grado de satisfacción con el acceso y la calidad de los servicios básicos que recibe, la inseguridad ciudadana, idiosincrasias locales, entre otros; sin embargo, la situación económica tiende a jugar un papel central en las preferencias electorales.
Analizando los indicadores a nivel regional durante la primera mitad del año también se observan brotes verdes de reactivación económica, aunque estos son heterogéneos. Según el indicador de la actividad productiva departamental presentado por el INEI al primer trimestre de 2021, se evidencia que ocho regiones presentan tasas de crecimiento superiores al promedio nacional, explicado por la expansión de las actividades de minería e hidrocarburos, manufactura y construcción (en Ica 11.7%, Junín 10.6%, Moquegua 6.3%, Lambayeque 6%, Arequipa 5.5% y La Libertad 5.5%) y la reactivación en sectores como pesca y manufactura (en Piura 6.4% y Áncash 6%). Cuatro de estas regiones (Moquegua, Tacna, Arequipa e Ica) se ubican en los cinco primeros puestos del Índice de Competitividad Regional (INCORE) elaborado por el Instituto Peruano de Economía.
En contraste, hay regiones que registran tasas de crecimiento negativas principalmente por la contracción en la actividad minera (Madre de Dios -13.4%, Loreto -11.6%, Cajamarca -0.9% y Huánuco -0.8%) y agropecuaria (Ayacucho -2.1% y San Martín -0.8%). Asimismo, Cajamarca, Huánuco y Loreto se ubican en los últimos cinco puestos de competitividad regional según el INCORE.
Otra evidencia de la recuperación en las actividades económicas a nivel regional la brinda el índice de movilidad en retail y comercio calculado por Google. Al cierre del mes de agosto, todas las regiones han duplicado e incluso triplicado sus niveles de movilidad en comparación con los valores registrados el año pasado. Asimismo, en el último trimestre (junio-julio-agosto) se observa que regiones como Pasco, Madre de Dios, Apurímac, San Martín, Ayacucho y Ucayali presentan índices de movilidad superiores a los niveles registrados pre-pandemia. El principal factor que explica estos patrones es la reanudación de las distintas actividades productivas que ha variado en función del control de la segunda ola de la pandemia y el levantamiento de las restricciones sanitarias.
Un factor transversal que explica al menos parcialmente los heterogéneos niveles de reactivación a nivel regional es el impulso económico adoptado por el Gobierno para combatir los efectos negativos de la pandemia. Dentro de estas medidas destaca el programa Reactiva Perú que ha sido unas de las intervenciones más efectivas para evitar la quiebra de un elevado número de empresas y la destrucción de alrededor de 2 millones de puestos de trabajo. Al cierre del 2020, este programa benefició a 544,317 empresas entre micro y pequeñas (94.5%), medianas (4.7%) y grandes empresas (0.8%) adjudicando préstamos por S/ 57,939 millones, equivalente a 8.1% del PBI. A nivel regional, las empresas beneficiarias se concentran principalmente en Lima (31.7%), Puno (7%), Piura (6.8%), Arequipa (6.1%) y Cusco (5.6%).
Otra intervención similar ha sido la ampliación del Fondo de Apoyo Gerencial (FAE-MYPE), que a diferencia de Reactiva Perú que no pudo diferenciar su alcance por sector económico, priorizó a los rubros productivos más afectados por la pandemia, tales como comercio, manufactura, hoteles y restaurantes, actividades inmobiliarias, entre otros. Considerando las dos fases del FAE-MYPE, se benefició a 276,752 empresas por un monto equivalente a S/ 2,052 millones, igual al 0.3% del PBI. Este programa ha seguido un patrón de distribución similar a Reactiva Perú, pues las empresas beneficiarias se concentran principalmente en Lima (24.3%), Arequipa (9.1%), Piura (7.7%), Puno (6.9%) y Cusco (6.1%).
Estos dos programas han acompañado la reactivación económica regional medida por distintos indicadores. Es así como los resultados para el primer semestre del 2021 muestran que la cobertura de Reactiva Perú y FAE-MYPE están fuertemente correlacionados con la creación de empresas y el otorgamiento de créditos al sector privado (coeficientes de correlación entre 0.83 y 0.88), así como con la recaudación tributaria a nivel regional (entre 0.81 y 0.84) y la producción de electricidad (entre 0.66 y 0.79).
Figura 1. Correlación del monto total de préstamos otorgados por Reactiva Perú y variables de actividad económica a nivel regional
Sin duda, la velocidad de la reactivación en las regiones estará condicionada por la estructura productiva, la dinámica del mercado laboral, la informalidad y los cuellos de botella institucionales de cada región particular. Es lógico que la dinámica económica haya sido heterogénea, habiendo regiones que registran mayores niveles de recuperación que otras y sectores que han mostrado un desempeño dispar. Tal es el caso de agricultura y construcción que han superado sus niveles de actividad pre-pandemia y otros como servicios que aún muestran una incipiente recuperación.
A futuro, persiste un gran número de frentes que deberán ser encarados para asegurar la sostenibilidad de la recuperación económica. Uno tiene que ver con la capacidad de las autoridades regionales y locales de cumplir con sus funciones con efectividad y probidad, facilitando un entorno de negocios favorable y conducente a la realización de emprendimientos privados, la mejora en la competitividad regional y la generación de empleo de calidad. Otros frentes tienen que ver con la ejecución de proyectos de inversión pública y privada para el cierre de brechas sociales y productivas, por un lado, y el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales con visión de desarrollo territorial, por el otro.
Avances en esta agenda dependerá de la capacidad y el liderazgo de las autoridades de articular espacios de colaboración público y privada para materializar las enormes potencialidades que existen en todas las regiones. Si la población al interior del país, especialmente de las áreas rurales, no percibe mejoras reales en su bienestar probablemente persista en buscar alternativas políticas refundacionales que alentarán expectativas que a la postre serán difíciles de cumplir.
