Paola Bustamante

En la última década, la minería representó en promedio el 10% del PBI nacional, el 60% de las exportaciones y tiene un gran potencial para futuras explotaciones, ya que actualmente sólo el 1.27% del territorio se encuentra en etapa efectiva de exploración y explotación.

Las inversiones mineras en el mes de julio alcanzaron los US $418 millones, 15.5% más respecto a julio del 2020. Asimismo, se registró un incremento en la producción del cobre, oro y zinc, acompañado del incremento en el valor de las exportaciones mineras con lo cual se ha logrado aprovechar los altos precios que han registrado el cobre y el oro en el mundo.

Si seguimos con este ritmo de producción y exportación, así como avanzando en exploración, los ingresos para nuestro país se verán incrementados, favoreciendo la recuperación económica y con ello las expectativas de tener una mejor redistribución de la renta.

Sin embargo, durante los últimos años los conflictos sociales en el ámbito de esta actividad se han ido incrementando como consecuencia del descontento social en las poblaciones del entorno de las unidades mineras. Esta es una de las preocupaciones permanentes del Gobierno y del sector privado, ya que se deben abordar y tratar, a fin de generar estrategias que contribuyan a prevenirlos. 

En este contexto, el nuevo Gobierno tiene como uno de sus principales retos la gestión de la cartera de proyectos mineros (46 proyectos de construcción de mina y 60 proyectos de exploración minera), que asciende a más de US$56 mil millones de dólares de inversión privada, que contribuirá a mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable de nuestro país.

Para lograrlo con éxito, se requiere fortalecer el rol de planificación del Estado, identificando la situación socio económica de la población que vive en el ámbito donde se realizarán las futuras exploraciones mineras, ya que ello, permitiría conocer las necesidades prioritarias y avanzar con su atención, de tal forma que para cuando se implementen los proyectos mineros, se tenga un mejor escenario social, con mayor conocimiento de las actividades económicas de la zona y que se dimensionen las expectativas respecto a la inversión privada. 

Asimismo, se debe garantizar la presencia permanente del Estado, fortaleciendo el rol de las autoridades locales y regionales, para el diálogo y comunicación constante con la población durante el proceso de implementación de los proyectos mineros, a fin de formar parte activa con miras a generar alianzas para el desarrollo del territorio, confianza entre los actores y mejora de la calidad de vida de la población. 

En esa línea, actualmente, las poblaciones del entorno de las unidades mineras vienen demandando, entre otros temas, el acceso a los servicios básicos, como son el acceso al agua, saneamiento, luz, telefonía e internet. Esas demandas se las plantean a las empresas mineras, ya que en su oportunidad no fueron atendidas por el Estado, generando malestar y descontento social, pero, sobre todo, distorsión en los roles de los actores en el territorio. 

Si bien el sector privado contribuye al desarrollo del territorio, no reemplaza la acción del Estado. En esa línea, la identificación de las actividades que generan renta en el territorio tendría que fortalecerse y no ser reemplazadas por actividades temporales que se generan producto de las diferentes etapas de implementación de los proyectos mineros. 

A continuación, una mirada a los datos de acceso a servicios básicos en los 36 distritos del corredor vial sur, más conocido como el corredor minero del sur.

Corredor Vial Cusco – Apurimac
36 distritos

Fuente: Repositorio Digital de Información – RED Informa MIDIS

En éste ámbito viven aproximadamente más de 208 mil peruanos y peruanas, en 3,958 centros poblados, de los cuales sólo el 1.1%, es decir, 43 centros poblados tienen los cuatro servicios básicos como son agua, saneamiento, luz e internet. Esta situación requiere de acción inmediata e integral del Estado, para avanzar en el cierre de estas brechas. Para ello, fortalecer las capacidades de gestión local, así como apoyar, desde el gobierno nacional, en la gestión de la inversión en infraestructura social es clave. 

De igual forma, informar a la población de manera constante, sobre las transferencias por conceptos mineros (canon minero y regalías), así como el reporte de su ejecución, ya que estos recursos deben formar parte del presupuesto que se destine para este cierre de brechas. 

Todo ello requiere el liderazgo desde el sector energía y minas, como responsable de la política minera del país, ya que el proceso de planificación de la implementación de los proyectos mineros, deberían contemplar acciones intersectoriales que permitan llegar previamente para atender las demandas sociales, la garantía del ejercicio de sus derechos y la identificación de sus potencialidades, a fin de que cuando se ejecuten los proyectos mineros, estos se sumen al desarrollo local y regional.